El Gobierno pone en bandeja a BBVA renunciar a la Opa sobre Banco Sabadell. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha puesto sobre la mesa una serie de criterios de interés general que, según ha defendido, deben prevalecer por encima de los intereses puramente financieros. Unas medidas que hacen que sea complicado para BBVA aceptar, pero la entidad financiera ya dejo claro que puede ir a los Tribunales.
En este contexto, en enero de 2025 la entidad financiera, Banco Sabadell, publicó su movimiento de volver a Cataluña. El Gobierno cierra el círculo de la vuelta de Banco Sabadell a Cataluña. Es muy evidente que el Gobierno, que siempre se ha mostrado en contra de esta fusión, ya recibió »un pago», por parte de Banco Sabadell, que es la vuelta de la entidad financiera a Cataluña.
Una operación que políticamente beneficia al Gobierno, consiguiendo que se apunten el tanto de la vuelta de una empresa catalana, con el PSOE en frente de la Generalitat. Una operación en la que el Gobierno dice que actúa con derechos, y de paso contribuye a beneficiarle.
«Es importante separar el ámbito de actuación, estamos hablando de la adquisición en el marco de la Ley de defensa de la competencia, la decisión sobre la petición sobre la fusión o no vendría en el caso de que se pida en el marco de la Ley de solvencia. Son dos normativas distintas. La entidad estará habilitada para solicitar la fusión una vez se dé por cumplida la condición que estamos estableciendo hoy», expresa el ministro, Carlos Cuerpo.
LOS CRITERIOS DE INTERÉS GENERAL QUE MARCAN LA OPA BBVA-SABADELL
En este sentido, el Gobierno ya le ha comunicado tanto a BBVA como a Banco Sabadell qué ponen fin al procedimiento de control que está regulado en su normativa. «Hay que entender que cada una de las dos entidades financieras debe analizar su valor de manera individual. Ser capaces de respetar el vínculo y la cercanía con su clientela, en concreto, con el sector de las pymes».
No obstante, aunque el Gobierno ha aprobado la adquisición de Sabadell por parte de BBVA, la aprobación ha llegado con condiciones que son más onerosas que las estipuladas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. La condición más destacada es que BBVA debe mantener dos entidades legales separadas durante al menos tres años, lo que podría extenderse a un total de cinco años si el Gobierno así lo decide.
El Gobierno impone al BBVA mantener el Sabadell como un banco separado durante tres años
Asimismo, dentro de lo que llamamos criterios de interés general, se deben concretar al máximo cuáles son aquellos objetivos de interés general. Estamos hablando de una lista indicativa de cuestiones que se consideran de interés general, y que está abierta. Hay cinco grandes medidas que le ha impuesto el Gobierno a BBVA. La autonomía de gestión de Banco Sabadell debe mantenerse en relación, con al menos, cinco aspectos muy concretos.
Sin ir más lejos, el primer criterio de interés general, es el apoyo al crecimiento económico y a la financiación de pymes. Es decir, el impacto que la operación pueda tener sobre el tejido productivo, especialmente en lo que se refiere al acceso a la financiación de pequeñas y medianas empresas (pymes). «Queremos asegurarnos de que cualquier cambio en el sistema bancario no derive en una concentración que limite la competencia o reduzca el crédito disponible para pymes y autónomos», señala el ministro.
El segundo punto clave es el efecto sobre el empleo. Cuerpo ha advertido que cualquier operación de este calibre debe contemplar la protección de los derechos laborales y los puestos de trabajo. Las fusiones bancarias suelen ir acompañadas de planes de ajuste y reducción de plantilla, por lo que se vigilará que no se produzcan “recortes desproporcionados ni traslados forzosos que debiliten el tejido laboral del sector financiero”.
Además, Cuerpo ha dejado claro que no se permitirá el anuncio de nuevos programas de despido relacionados con el acuerdo. El tercer criterio es la cohesión territorial y equilibrio financiero, garantizando que la operación BBVA-Sabadell no comprometa la cohesión territorial del sistema bancario.
El cuarto punto es que se mantenga la política social de las fundaciones bancarias. El Ejecutivo quiere asegurarse de que, tras la posible fusión, estas políticas no se diluyan ni desaparezcan. «El compromiso social de los bancos no es un elemento secundario. Queremos que se mantenga y refuerce» señala Cuerpo.
Y, por último, el quinto elemento clave es el impulso a la innovación y la I+D tecnológica. Concretamente, la banca no debe limitarse a gestionar capital, sino también liderar la transición hacia modelos digitales más eficientes, seguros y competitivos.
EL FUTURO DE BBVA Y SABADELL ANTE LA DECISIÓN DEL GOBIERNO
En este sentido ahora se abren tres posibles panoramas. El primero, que BBVA continúe con el acuerdo, eso sí, sin aumentar la oferta; en segundo lugar, que la entidad financiera lleve al Gobierno a los tribunales; o por último, que la entidad financiera presidida por Carlos Torres Vila se aleje del acuerdo.
No obstante, la opción de llevar al Gobierno a los Tribunales puede ser costoso y prolongaría la incertidumbre de un acuerdo en el que muchos ya han perdido la paciencia. «Después de las imposiciones de estas condiciones adicionales, nos resulta difícil de creer que BBVA pueda generar suficientes sinergias para que este acuerdo funcione sobre el papel», añaden los expertos de Capital Markets.
Si bien, los analistas del mercado esperan una volatilidad a corto plazo en el precio de las acciones de Banco Sabadell a medida que los bancos jueguen lo que pueden ser sus cartas finales en relación con este acuerdo. Asimismo, Sabadell todavía podría anunciar la venta de TSB a corto plazo para poner el último clavo en el ataúd de esta transacción.
«Es importante señalar que la condición que se establece hoy a la operación de concentración entre BBVA y Sabadell es una condición proporcional y equilibrada en el marco de lo que habilita la propia normativa a nuestra ley de defensa de la competencia al Gobierno y al Consejo de Ministros en este caso», concluye el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
