Este martes, el Consejo de Ministros ha acordado el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico, ya conocido popularmente como ‘decreto anti apagones’. Este nuevo paquete regulatorio pretende, por un lado, reforzar el sistema para evitar que se produzca otro corte; y por otro, impulsar la electrificación y la transición energética mediante una nueva red de ayudas burocráticas y fiscales.
Sara Aagesen, ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, sintetizó las novedades en la rueda de prensa que siguió a la reunión. Al presentar el Real Decreto-Ley, comentó que la norma tiene el objetivo de «cumplir el compromiso adquirido por el Gobierno el 28 de abril, y que consiste no solo en encontrar las causas del coste, sino identificar las medidas necesarias para que no volviera a ocurrir.
El pasado 17 de junio, Aagesen expuso las conclusiones del informe realizado por el Comité para el análisis de las circunstancias que concurrieron en el cero energético del 28 de abril. El documento concluía que el ‘Gran Apagón’ que dejó la Península Ibérica en tinieblas el pasado 28 de abril fue provocado por una multiplicidad de causas, entre las que se cuentan episodios de sobretensión, oscilaciones y cortes en centrales energéticas.
EL DECRETO AFIANZA A LA CNMC COMO ‘SUPERREGULADOR’
En este sentido, el primer bloque de medidas contenidas en el Real Decreto-Ley de refuerzo del sistema eléctrico se orienta a apuntalar el control de la gestión y de las oscilaciones.
Fiel a la política de no tomar partido en la guerra declarada entre Red Eléctrica de España (REE) y las empresas del sector eléctrico, la ministra optó por un comentario salomónico: «Aunque el 28 de abril había recursos para controlar la tensión, o bien el gestor no pudo, o bien los actores implicados no pudieron, o bien se dio una combinación de ambas».
Por este motivo, entre las disposiciones del decreto destaca el énfasis puesto en la faceta de supervisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Este organismo tendrá la responsabilidad de elaborar un informe del cumplimiento de la obligación de control de tensión de todos los operadores. «En 12 meses llevará a cabo un plan de inspección y cada tres años se hará otra inspección adicional», adelantó.
Por otro lado, se diseñará un «plan de trabajo» en el que REE, cada 15 meses, hará propuestas de revisión técnica. El operador evaluará, entre otras, la necesidad de instalar sistemas de estabilización (PSS). El gestor del sistema tendrá también la obligación de proponer modificaciones regulatorias sobre la velocidad de la tensión, la programación de las restricciones técnicas y sobre otros elementos técnicos que contribuyen a fortalecer la seguridad del sistema.
Estas propuestas técnicas deberán estar listas en plazos de tres a 15 meses. Las reformas normativas subsiguientes deben estar aprobadas en menos de seis meses.
REMOZADO DEL SISTEMA A TODOS LOS NIVELES
«También se plantea algo muy novedoso: que las tecnologías importantes para el control de la tensión como los compensadores síncronos, tendrán que estar integrados de una forma más ágil, con una modificación puntual de la planificación», añadió Aagesen.
La ministra informó también que la nueva regulación «incorpora algo tan importante como aclarar las responsabilidades de las redes mancomunadas, con lo que se gana transparencia».
El segundo bloque de medidas gira en torno al almacenamiento y la mejora de la flexibilidad del sistema. Contempla «medidas para acelerar la tramitación y evitar cuellos de botella», proclamó la jefa del MITECO. Así, se priorizan las concesiones de proyectos de hibridación; es decir, aquellos que dispongan la instalación de baterías en emplazamientos donde ya existan instalaciones de generación renovable.
Asimismo, el decreto establece «la prioridad de despacho de aquellos proyectos que prioricen el almacenamiento» y se desarrollará la figura del agregador. «Además, creamos la figura del gestor del autoconsumo, un representante que facilite los trámites y gestión de los usuarios de autoconsumo», agregó Aagesen.
A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL REAL DECRETO-LEY ANTI APAGONES, la planificación eléctrica se hará cada tres años, con posibles modificaciones puntuales cada dos años
La integración en el sistema de la figura del agregador independiente es un viejo anhelo del sector. Se trata de un agente que puede participar en todos los mercados de la electricidad agregando y gestionando de forma remota los activos de consumo, generación y almacenamiento de sus clientes.
También al objeto de fomentar el autoconsumo, la distancia máxima entre la generación y el consumo aumenta a cinco kilómetros para instalaciones menores de cinco megavatios (MW).
El tercer y último bloque del Real Decreto-Ley corresponde a la electrificación de la economía española. La ministra subrayó que el contexto geopolítico actual es «muy complicado», por lo que «impulsar la descarbonización nos permite hacer un sistema más robusto y solvente».
se acotarán a cinco años los permisos de conexión, caducando el derecho de acceso una vez transcurridos; y se TENDRÁ QUE especificar una finalidad de uso concreto de la red para evitar el abuso
«Facilitaremos la integración del transporte y la demanda renovable aprovechando nuestro atractivo en este ámbito» -destacó- «Se pone especial foco en la descarbonización industrial y la apuesta por la cadena de valor».
A partir de la entrada en vigor del decreto, la planificación eléctrica se hará cada tres años, «con posibles modificaciones puntuales cada dos años«, anunció. Asimismo, se acotarán a cinco años los permisos de conexión, caducando el derecho de acceso una vez transcurridos; y se impondrá la obligación de especificar una finalidad de uso concreto de la red para evitar el abuso.
Entre las medidas estrella para favorecer la electrificación de la industria, destaca la exención del 80% de los peajes a los consumidores electrointensivos.
