El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por el ministro Pablo Bustinduy, mantiene abiertas casi 50 investigaciones por convenios firmados por la OCU con distintas empresas desde 2018. Diferentes organizaciones de consumidores, principalmente FACUA-Consumidores en Acción, vienen denunciando ante el ministerio las campañas publicitarias desarrolladas por la OCU con las que capta clientes para grandes empresas que le pagan comisiones.
Pero las respuestas no llegan, ni antes con Alberto Garzón ni ahora con Bustinduy, permitiendo que la OCU, que preside Miguel Angel Feito, y dirige Ester Rodríguez Uceda, siga realizando acuerdos comerciales con diferentes empresas que representarían, según FACUA, un conflicto de intereses.
«La OCU actúa como comisionista de grandes empresas y daña la imagen del movimiento de consumidores. Los pagos de empresas a asociaciones de consumidores son inaceptables. Estamos ante un claro conflicto de intereses», aseguraba Rubén Sánchez, secretario general de FACUA.
Según le legislación vigente, las asociaciones de consumidores tienen prohibido “realizar comunicaciones comerciales de bienes y servicios”. Así lo establece el artículo 27 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Así, la norma les prohíbe “todo acto, conducta o manifestación, incluida la publicidad, no meramente informativa, que se relacione directamente con la promoción o venta de bienes y servicios”.
La última denuncia de cobro de comisiones por captar clientes viene referida a la publicidad por parte de la OCU de los cursos de inglés Vaughan. A través de su sociedad instrumental, OCU Ediciones, la organización recibe el 10% del importe de los cursos que publicita. El reclamo para captar clientes entre los socios de la Organización es la aplicación de descuentos de “hasta un 20% en diferentes cursos”, según denuncia FACUA.
Uno de los casos más controvertidos en el que se ha visto involucrada la OCU es el de Octopus Energy. Esta compañía británica pagó en 2023 más de 440.000 euros a la OCU tras ganar una subasta organizada por la organización para recomendar a sus socios la mejor tarifa eléctrica.
Este acuerdo permitió a Octopus Energy captar más de 24.000 clientes en España. La magnitud del pago ha generado críticas sobre la posible falta de independencia de la OCU al recomendar determinados proveedores de energía.
Otros de los muchos casos denunciados por FACUA se refieren al acuerdo entre OCU Ediciones y Tyco Integrated Security (ADT), una empresa dedicada a la instalación de alarmas, y que la organización de Miguel Angel Feito impulsó a sus socios con el fin de facilitarles «una alternativa para el suministro de servicios de seguridad con conexión a la central receptora de alarmas de ADT, prestado por ADT, con una tarifa de interés para los consumidores”.
Este año OCU inició una campaña para publicitar un servicio de sustitución de bañeras por duchas con reclamos como “obras rápidas, limpias, garantizadas y sin molestias, garantía higiénica y de salubridad y materiales y productos de alta calidad y durabilidad”. La organización de consumidores anunciaba el servicio con un descuento del 15% para sus suscriptores. En este caso, OCU cobraría hasta 121 euros por cliente captado, según el acuerdo firmado con Securibath Solutions S.L.
