La vivienda vuelve al centro del debate urbano en Logroño. El Ayuntamiento ha confirmado recientemente que el solar del número 20 de la calle Marqués de San Nicolás, en pleno Casco Antiguo, será destinado finalmente a vivienda protegida con la construcción de hasta 35 Viviendas de Protección Oficial (VPO) de venta o alquiler.
Se trata de un giro relevante, tanto político como simbólico, tras meses de controversia ciudadana y presión política encabezada, entre otros, por Izquierda Unida y colectivos vecinales. Este cambio de rumbo se produce tras la renuncia definitiva de la empresa tecnológica Bosonit a levantar su sede en ese mismo solar, un proyecto que había sido presentado como un emblema de modernización y reactivación del centro histórico, pero que desde el principio fue recibido con escepticismo por parte de numerosos sectores sociales.
La crítica principal era que la operación no garantizaba un retorno social claro para el entorno, en una zona aquejada desde hace años por la pérdida de población residente y el alza del turismo inmobiliario.
EL PROYECTO ABORTADO
El intento de levantar un centro tecnológico en pleno corazón del Casco Antiguo generó tensiones desde su concepción tras las protestas de Amigos de La Rioja, Comisiones Obreras, Ecologistas en Acción, la Federación de Asociaciones Vecinales de La Rioja, el Foro del Casco Antiguo y Rioxa Nostra. Aunque el proyecto fue relanzado oficialmente el año pasado con un nuevo acuerdo entre Bosonit y el Ayuntamiento, finalmente la empresa ha decidido dar marcha atrás.
Bosonit argumenta su retirada en base a «la falta de garantías totales por parte de terceros implicados en la operación urbanística del solar», además del «encarecimiento general del mercado. Según la propia empresa, esta decisión representa «un movimiento firme hacia lo que mejor sabemos hacer: seguir invirtiendo en innovación y talento», aunque lejos del emblemático enclave logroñés.
De este modo, el contrato ha sido resuelto de mutuo acuerdo con el Ayuntamiento, y el solar queda liberado para nuevos usos. Esta vez, sí, enfocados en el derecho a la vivienda.
CAMBIO DE USO
Desde Izquierda Unida se valora positivamente la renuncia de Bosonit como una oportunidad única para hacer las cosas bien. Su portavoz en el Parlamento de La Rioja, Carlos Ollero, cree que «lo que este espacio necesita es un compromiso firme con la vivienda pública en régimen de alquiler asequible, gestionada desde lo público, y orientada a cubrir las necesidades reales del Casco Antiguo: jóvenes con dificultades para emanciparse, mayores con pensiones bajas, familias trabajadoras y, en definitiva, la clase obrera que sostiene esta ciudad y cada día tiene más difícil poder vivir en ella».
«El Casco Antiguo de Logroño lleva años en proceso de degradación y expulsión progresiva de sus vecinas, desplazadas por la especulación inmobiliaria, el encarecimiento de la vida y el auge de los pisos turísticos. Frente a ello, hay que repoblar con proyectos habitacionales dignos, sostenibles y accesibles, no con operaciones que acaben beneficiando al mercado o a intereses privados», señala el parlamentario, tal y como recoge Nueve Cuatro Uno.
NUEVA LEY AUTONÓMICA EN LA RIOJA
En paralelo al debate local, el Parlamento de La Rioja aprobó el pasado mes de febrero la Ley de Medidas Urgentes para el Acceso a la Vivienda, centrada principalmente en estímulos fiscales para la compra.
Una de las medidas más llamativas es la reducción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales del 5% al 4 % para los jóvenes de hasta 40 años que adquieran una vivienda de segunda mano, lo que supone un ahorro medio de unos 1.700 euros por operación. Esta medida, aseguran, busca incentivar el acceso de los jóvenes a la propiedad, en un contexto de dificultad para la emancipación y subida de los precios del alquiler.
Sin embargo, la oposición ha criticado duramente la falta de progresividad del beneficio fiscal, ya que no se aplica ningún límite de renta: puede acogerse a él tanto una persona con ingresos bajos como alguien con capacidad adquisitiva alta.
El Gobierno de La Rioja hace oídos sordos y además se ha alineado con los ejecutivos del PP al negarse a aplicar la Ley estatal de Vivienda con el fin de declarar zonas tensionadas con el objetivo de limitar la subida de precios del alquiler.
