Josep Borrell ya lo advirtió hace más de tres décadas. En 1994, el entonces ministro de Obras Públicas reunió a grandes empresarios de la construcción y les pidió que dejaran de pagar comisiones a los partidos a cambio de adjudicaciones públicas.
No era la primera vez. Ya en años anteriores había lanzado una advertencia similar. Propuso entonces mayor transparencia tanto en las adjudicaciones como en el patrimonio de los cargos públicos y la financiación de los partidos. Su entonces subsecretario, Antoni Llardén, llegó incluso a sugerir la creación de un código deontológico para el sector. Treinta años después, todo suena trágicamente vigente.
La trama que ahora sacude al PSOE, y en particular a Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García, destapa un modus operandi que poco o nada ha cambiado desde la Gürtel. Algunas de las grandes constructoras, lejos de actuar como víctimas del sistema, podrían revelarse nuevamente como actores activos en la degeneración institucional si se demuestra que pagan comisiones, diseñan estrategias para amañar contratos y mantienen relaciones opacas con intermediarios oscuros.
Algunas lo hicieron con el PP, tal y como reflejan múltiples sentencias, y lo hacen ahora, presuntamente, con el PSOE.
ACCIONA, EN EL FOCO
Acciona, una de las compañías más importantes del sector, ya había sido señalada por su implicación en episodios de corrupción vinculados al Partido Popular, como los preparativos de la visita del Papa a Valencia o el caso Acuamed.
Hoy, vuelve a estar bajo sospecha, esta vez en relación con el conocido como ‘caso Koldo’, donde la Unidad Central Operativa (UCO) la sitúa en el epicentro de una trama que habría movido más de 500 millones de euros en contratos públicos adjudicados en condiciones dudosas.
Ante la presión mediática y judicial, la compañía ha decidido romper vínculos con Servinabar 2000 S.L., empresa investigada por ser presunta intermediaria en la adjudicación fraudulenta de obras públicas. También ha cesado a Justo Vicente Pelegrini, hasta ahora director de Construcción en España.
ENTRECANALES
Sacyr, Ferrovial, ACS… prácticamente ninguna de las grandes constructoras se salva de haber sido salpicada por algún escándalo ligado con la financiación de partidos o políticos. Más Madrid, a través de su grupo en el Congreso, ha solicitado la comparecencia del presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, para que dé explicaciones sobre su implicación en estos hechos.
La próxima junta de accionistas del grupo, prevista para el día 26, se celebrará bajo un clima de tensión sin precedentes. Y, pese a todo, desde la CEOE se sigue negando la mayor. Su presidente, Antonio Garamendi, ha llegado a afirmar que «el sistema empresarial no es corrupto, el que corrompe es el que tiene el poder».
PROPUESTAS
Podemos y Sumar han propuesto que las empresas implicadas en tramas de corrupción no puedan acceder a contratos públicos. La medida podría dejaría fuera del sistema a casi todos los gigantes del sector. ¿Quién construiría entonces infraestructuras públicas?, se preguntan entre las grandes del sector.
La reiteración de casos en los que empresas obtienen contratos públicos mediante prácticas irregulares sugiere que no se trata de incidentes aislados, sino que podría evidenciar una dinámica que se ha repetido en distintas etapas políticas y con diferentes actores.
Durante años, la adjudicación de obras públicas ha estado vinculada, tal y como se advierte en diversas investigaciones judiciales, a la financiación de campañas electorales y a relaciones privilegiadas entre cargos públicos y empresas.
Medidas como auditorías internas, códigos de conducta o ceses de directivos suelen activarse cuando el escándalo ya es público, pero su eficacia para prevenir conductas irregulares ha sido cuestionada por organismos de control y expertos en transparencia.
Diversas voces reclaman reformas estructurales en el sistema de contratación pública y mecanismos más estrictos de supervisión para evitar que se repitan estos comportamientos.
