Este Gobierno de España tiene la virtud y desgracia de contar con la mayoría de los principales editores mediáticos en su contra: el Grupo Planeta, la familia Berlusconi, el fondo buitre de Joseph Oughourlian, los tigres de papel (Vocento y Unidad Editorial), y los paniguados obispos (COPE y Trece).
También andan volcados en derribar al Ejecutivo la mayoría de los principales editores de la prensa digital: ‘Totoyo’ de El Confidencial, Pedro J. Ramírez de El Español, Paula Quinteros de The Objective y la Editorial Católica de El Debate.
Algunos lo hacen por convicción ideológica, otros por pura maldad (la misma que dañó a nivel personal a Pablo Iglesias o los líderes del procés) y la mayoría, por negocio. Algunos editores han olido la sangre tras destaparse el ‘caso Cerdán’, ver para creer.
E importantes comunicadores han abandonado el pragmatismo con aires progresistas y se han lanzado a una campaña donde se mezcla la lógica denuncia de la infecta corrupción socialista y el oportunismo.
Tras el volantazo de varias estrellas de Prisa o La Sexta, a La Moncloa le quedan como apoyos mediáticos dos tertulias de RTVE, la mayoría de firmas de eldiario.es, El Plural y El Socialista (que aún se edita para los clásicos). El resto de medios parecen alineados en una operación de demolición institucional que ya habían iniciado varios digitales editados en Madrid y algunas tertulias en las que no se convoca a ningún defensor del Gobierno (‘El Hormiguero’ y ‘Horizonte’ son ejemplo de ello).
Para combatirlas, La Moncloa utiliza RTVE con el dinero de todos. Lo hace rivalizando contra los exprogresistas Pablo Motos, Antonio García Ferreras y Cristina Pardo de la mano de David Broncano, Javier Ruiz y Jesús Cintora.
SINDICATO DEL CRIMEN 2.0
Algunos tabloides digitales ultraderechistas que predican liberalismo y viven de las administraciones públicas han conformado un ‘Sindicato del crimen 2.0’ liderado moralmente por Felipe González, la vida te da sorpresas, que otorga fuerza a unas formaciones como PP y Vox.
Ambos partidos quieren hacer negocio con el desmontaje del Estado de derecho, gobernar contra la mayoría social y abrir paso a una ola autoritaria y racista que promueva que las clases populares se enfrenten contra los inmigrantes (el penúltimo de la fila que se pegue con el último para disfrute del señorito).
Bajo la bandera de una supuesta libertad, esa que lleva al tecnomedievo, se está promoviendo una campaña que parte de la ciudadanía compra pese a que supone votar contra sus derechos e intereses. Es cierto que Pedro Sánchez debería haber asumido errores in vigilando, dimitido y convocado elecciones si se aplicase la lógica socialista (y el sentido común) de hace unos años.
Pero el hambre de poder del presidente del Gobierno al menos sirve para frenar, o al menos posponer, el aterrizaje definitivo de la ultraderecha en el poder en España, que se ha convertido en un islote con algunas luces frente al Mad Max global que componen las sucias formas de Donald Trump, el neoliberalismo despiadado de Javier Milei, el brutal autoritarismo de Nayib Bukele, el repugnante nacionalismo de Viktor Orbán y los criptobros.
EL ROJO PELIGROSO
Pedro Sánchez nunca fue un hombre de izquierdas, sino un discreto pupilo de Pepiño Blanco que encontró hueco en Caja Madrid antes de prepararse un doctorado mientras escribía tuits con las mismas faltas ortográficas y de puntuación que Ana Rosa Quintana.
El presidente nunca fue un rojo peligroso, sino un pragmático sin más ideología que su ombligo al que Albert Rivera le negó formar el Gobierno cuqui con el que soñó en 2019. El ‘no’ de Ciudadanos empujó al socialista a coaligarse con los hijos del 15M y del procés, Podemos y Junts per Catalunya, y a asumir parte de la agenda social y plurinacional de ambos.
Es por ello que los grandes grupos empresariales están todos en su contra. Con excepción de una parte del empresariado catalán, que pretende cerrar las heridas del procés, el resto se alinea con la reacción porque no le perdonan que dejase entrar al Gobierno a los comunistas por primera vez en ocho décadas, que amnistiase a algunos líderes del proceso independentista catalán, y que forzase la caída del emérito, que durante cuatro décadas fue la piedra angular del capitalismo ibérico que lideran empresas que nunca pierden las elecciones como Acciona.
Que haya una nueva trama de corrupción socialista quizá debiera obligar a finiquitar la legislatura, pero no hace olvidar la corrupción del PP, la agenda antisocial y racista de Vox, el oportunismo del bonista Emiliano García-Page, los delitos de Víctor de Aldama, y los pelotazos que se generan en la órbita del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Ni tampoco las subidas del salario mínimo interprofesional, la vanguardista agenda social del Gobierno y, en lógica capitalista, el gran momento macroeconómico de España que desmonta el mito que dice que solo con el PP se alcanzan buenos números.
Aunque sea gracias a un tipo tan escasamente progresista como Sánchez, España resiste. Y es uno de los escasos estados que aún se resiste a normalizar el genocidio perpetrado por Israel contra el pueblo palestino ante el silencio cómplice, cuando no la justificación canalla, de gran parte de la población occidental.
Pese a lo cual, ello no le quita ni un ápice de responsabilidad por la corrupción socialista ni, posiblemente, las ganas de seguir resistiendo ante el ejército cavernario.
