La espera concluye el 28 de junio de 2025, cuando los nuevos cajeros deberán cumplir la Ley 11/2023, garantizando accesibilidad total a personas con discapacidad. Este cambio afecta a 47 000 unidades y busca eliminar barreras, aunque algunos bancos y usuarios expresan reservas ante costes e implicaciones técnicas inesperadas.
La adaptación de pantallas y menús se plantea como reto para el sector financiero, que invertirá entre 1 500 y 3 000 € por unidad. Además, la normativa impone certificados de conformidad y formación al personal de sucursal, prolongando el proceso hasta 2030 en equipos más antiguos. Muchos usuarios advierten complicaciones en el uso diario.
2Revelación del punto más polémico
El verdadero conflicto surge en torno a la financiación de la adaptación, pues algunas entidades estudian repercutir costes en comisiones extra o cuotas de mantenimiento. Asociaciones de consumidores alertan de un posible encarecimiento de servicios básicos y exigen transparencia ante cualquier cargo adicional.
Este matiz ha generado rechazo en varios colectivos, que reclaman la supervisión de la OCU y del Defensor del Pueblo para evitar que la inversión acabe recayendo sobre el cliente final, desvirtuando el espíritu inclusivo de la ley.
