El próximo 1 de julio entrará en vigor en España una medida largamente esperada: el nuevo Registro Único de Arrendamientos para alquileres de corta duración, en línea con el Reglamento (UE) 2024/1028.
Este registro obligatorio, junto con la creación de una Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, marca un punto de inflexión para poner fin a la auténtica jungla en la que se ha convertido el mercado del alquiler turístico en muchas ciudades españolas.
A partir de ahora, toda vivienda ofertada como alquiler temporal en plataformas que permitan contratar y pagar online deberá contar con un número de registro oficial. Durante la última década, el auge de plataformas como Airbnb ha transformado profundamente el mapa de la vivienda en grandes ciudades, zonas costeras y destinos rurales con encanto. Lo que en sus inicios decía ser una alternativa atractiva al turismo hotelero ha derivado en un fenómeno que expulsa a residentes, encarece los precios y vacía barrios de vida vecinal.
Ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga o Valencia son algunos ejemplos paradigmáticos donde el alquiler de temporada ha colonizado miles de viviendas antes destinadas a uso residencial habitual. Este descontrol ha favorecido un tipo de economía sumergida que juega con ventaja respecto a los alquileres tradicionales.
Muchos propietarios han optado por saltarse las normas, evitando registrar los contratos, no declarando ingresos y explotando pisos sin cumplir los requisitos mínimos de habitabilidad. En los últimos tiempos, se ha fomentado la especulación y se ha erosionado la función social de la vivienda.
LEGALIDAD
Explican desde la órbita del Gobierno que el nuevo registro no prohíbe el alquiler turístico, pero sí lo somete a condiciones claras y legalmente exigibles. Esta distinción es clave: no se trata de demonizar a los propietarios ni de frenar el turismo, sino de regular una actividad que, sin control, acaba perjudicando al conjunto de la sociedad.
El requisito del número de registro supone un paso hacia la trazabilidad de las viviendas turísticas: cada alojamiento quedará identificado, vinculado a su propietario y obligado a cumplir con la normativa urbanística y fiscal vigente. Gracias a esta regulación, se podrán detectar los alquileres ilegales, frenar el fraude fiscal, proteger al consumidor turístico y, sobre todo, facilitar que los ayuntamientos puedan aplicar políticas urbanas más efectivas.
En lugar de perseguir a ciegas las irregularidades, las administraciones contarán ahora con una herramienta eficaz para actuar con rigor.
EL CONGRESO PODRÍA PONER COTO AL ALQUILER DE TEMPORADA
Uno de los abusos más frecuentes del último año frente a la Ley de Vivienda ha sido el uso fraudulento del alquiler de temporada como vía para evitar las garantías del alquiler tradicional. Bajo la excusa de contratos por meses muchos propietarios han expulsado a inquilinos vulnerables y esquivado el control de precios, las prórrogas obligatorias o la devolución de fianzas.
La inminente tramitación de una ley que equipare los alquileres de temporada a los habituales, impulsada por varios grupos parlamentarios, refuerza este marco de protección y desincentiva esta práctica abusiva.
LA JUNGLA DE LA VIVIENDA EN ESPAÑA
En los últimos años, el mercado de la vivienda en España se ha convertido en una auténtica jungla, marcada por la especulación, la falta de regulación efectiva y el auge descontrolado de los alquileres turísticos. Familias expulsadas de barrios enteros, jóvenes incapaces de emanciparse y precios que superan con creces los ingresos medios son el reflejo de un sistema roto.
La vivienda, que debería ser un derecho básico, se ha transformado en un activo financiero al servicio del beneficio inmediato. Esta situación se agrava con el abuso del alquiler de temporada y la opacidad de muchas operaciones, que escapan al control fiscal y legal.
