El contrato para construir y gestionar las nuevas plantas de transferencia y compostaje de residuos en Gádor por un valor de más de 500 millones de euros, una infraestructura esencial para la política medioambiental del Poniente almeriense está siendo empañado por dudas sobre la transparencia del proceso. Se han manifestado discrepancias de base en la mesa de contratación, calificadas de “inusuales” según fuentes cercanas a la contratación.
El proyecto, licitado bajo la modalidad de concesión pública por el Consorcio de Residuos del Poniente Almeriense, cuenta con la participación institucional del Consorcio del Sector 2 de Almería y de la Diputación Provincial, que actúa como asesor jurídico. Sin embargo, el proceso ha quedado marcado por una controversia creciente: representantes de la Diputación han promovido la exclusión de dos licitadores, alegando supuesta «contaminación» de sus ofertas técnicas —una acusación que carece de base jurídica, según la mayoría de los asistentes y técnicos presentes en la mesa de contratación celebrada el 28 de mayo.
La tensión aumentó tras constatarse que los informes técnicos, lejos de revelar irregularidades reales, confirmaban que las ofertas cumplían con el pliego de condiciones y que los datos técnicos presentados no vulneraban el principio de separación entre oferta técnica y económica. A pesar de ello, varios vocales insistieron en forzar una interpretación excluyente, mientras que el asesor jurídico aportó resoluciones previas de tribunales administrativos que desaconsejan dicha exclusión, defendiendo la primacía de la libre concurrencia. Toda este tema es público, y queda reflejado en el acta de la sesión que se ha hecho pública en la plataforma de contratación.
El contexto nacional tampoco ayuda. El reciente escándalo judicial del Caso Koldo-Cerdán, que ha salpicado a altos cargos públicos y a empresas adjudicatarias de contratos con irregularidades en concursos públicos, ha reactivado la sensibilidad respecto a prácticas opacas. Una de las empresas licitadoras en este concurso estratégico es Acciona, también vinculada a la actualidad judicial a raíz de contratos cuestionados en otras regiones. Esta coincidencia ha generado desconfianza entre los participantes y observadores del proceso.
Los participantes recuerdan el conflicto con la adjudicación del macrovertedero de Colmenar Viejo donde diversas entidades públicas y privadas han denunciado falta de transparencia y presuntas irregularidades en los procesos de contratación promovidos por la Mancomunidad del Noroeste. La polémica se ha intensificado tras decisiones técnicas y administrativas que han favorecido a determinados operadores en detrimento de otros, y ha acabado siendo objeto de recursos administrativos y advertencias legales.
La decisión final sobre la adjudicación se ha pospuesto hasta el 17 de junio, fecha en la que se espera que los técnicos comparezcan de nuevo ante la mesa de contratación. Mientras tanto, crecen las voces que piden vigilancia institucional y garantías efectivas de legalidad y neutralidad en el proceso. Una infraestructura de más de 500 millones de euros clave para la provincia bajo sospecha, en un momento en el que la transparencia en la contratación pública vuelve a estar bajo el foco, en pleno Caso Koldo-Cerdán.
