La DGT acaba de estrenar una medida que nos deja con la boca abierta: las antiguas limitaciones temporales de velocidad, creadas para proteger a operarios, se han convertido en trampas legales que engrosarán sus arcas hasta dejarte sin un euro. Lo que empezó con un objetivo de seguridad vial para reducir la velocidad en zonas de obra, hoy se aplica de forma tan arbitraria que muchos conductores están acumulando sanciones millonarias. La mala señalización y la falta de obras a la vista han transformado las carreteras en un laberinto de multas que nadie esperaba.
Con la llegada del buen tiempo y el tráfico desbordado, esas señales amarillas que recortan la velocidad de 120 a 80 km/h pueden permanecer meses sin justificación alguna. La DGT mantiene radares móviles en esos puntos, y al menor despiste, llegan las notificaciones con importes que oscilan entre 200 y 300 euros, y la merma de puntos en el carné. Lo peor es que, para muchas personas, esta práctica roza la legalidad cuestionable, pero hasta que un juez lo confirme, el procedimiento sigue en pie.
1La historia detrás de los ‘radares de obra’
Hace un par de años la DGT lanzó los ‘radares de obra’ para salvar la vida de trabajadores en carretera. En principio, esas zonas tenían que mostrar claramente señales provisionales junto a maquinaria o personal operativo.
El dispositivo sólo tendría sentido si realmente existiese una actividad de mantenimiento que justificase la reducción de la velocidad. Sin embargo, con el tiempo esas señales han permanecido en pie más allá de la presencia de operarios, dejando el terreno abonado para una recaudación indebida.
