La calculada ruidera provocada por Isabel Díaz Ayuso y compañía tras la Conferencia de Presidentes celebrada en Barcelona abortó nuevas vías de colaboración para contribuir a comenzar a revertir las dramáticas dificultades para acceder a la vivienda en España.
Pese a la estrategia frentista del PP y su aliado castellano-manchego Emiliano García-Page, cinco autonomías (Cataluña, Euskadi, Asturias, Navarra y Canarias), han expresado su disposición a colaborar en el desarrollo del futuro Acuerdo Estatal de Vivienda 2026-2030 que propuso el Gobierno.
ACERCAMIENTO CON EUSKADI
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y el Gobierno Vasco se vieron ayer las caras en Madrid para explorar la nueva vía. La ministra Isabel Rodríguez presidió ayer una reunión en la que le acompañó el consejero vasco de Vivienda y Agenda Urbana, el socialista Denis Itxaso, y el viceconsejero Miguel de los Toyos.
Euskadi lidera esta iniciativa, destacando su compromiso con la vivienda protegida como «infraestructura social estratégica». El consejero Itxaso subrayó la importancia de participar en este espacio de colaboración interterritorial para compartir criterios y experiencias, con el objetivo de escalar políticas y presupuestos en materia de vivienda protegida.
Además, recordó que Euskadi está desarrollando reformas y nuevas fórmulas de financiación para fortalecer su parque de vivienda protegida y cumplir con los objetivos del Pacto Social por la Vivienda 2036. Durante la reunión, se abordó la aplicación de la Ley de Vivienda estatal por parte del Gobierno Vasco, que ha declarado o está en proceso de declarar 11 municipios como zonas tensionadas.
Como resultado, Euskadi recibirá una partida extraordinaria de 5,5 millones de euros para implementar medidas que reviertan esta situación. El consejero vasco anunció que se construirán alrededor de 6.500 nuevas viviendas y alojamientos dotacionales en estas zonas hasta 2031, con la intención de equilibrar la oferta y la demanda habitacional.
En cuanto a la cogobernanza, Itxaso propuso que Euskadi participe en programas estatales de inversión en vivienda, siempre que las viviendas sean calificadas como protegidas de forma permanente. Recordó que Euskadi cumple con este requisito desde 2003, lo que le ha permitido contar con el parque de vivienda protegida más robusto del Estado español en términos relativos.
SIGUE EL BOICOT DEL PP
Han pasado ya dos años desde que entró en vigor la Ley de Vivienda en España, una normativa ambiciosa promovida por el Gobierno de coalición con la finalidad de contener la escalada de los precios del alquiler y garantizar el acceso universal a una vivienda digna. Sin embargo, su desarrollo e implementación han sido, hasta el momento, marcadamente dispares en función del territorio.
Mientras algunas comunidades autónomas como Cataluña, el País Vasco, Navarra o Asturias han avanzado con firmeza en su aplicación, la mayoría, 12 de las 17, se han negado a activar uno de los mecanismos fundamentales de la ley: la declaración de zonas tensionadas. La Xunta de Galicia, por su parte, se ha negó a activarla en un primer momento. Pero finalmente ha aceptado el requerimiento del Ayuntamiento socialista de A Coruña.
Esta figura está concebida como una herramienta clave para intervenir en los mercados más tensionados, permitiendo regular los precios del alquiler en aquellas áreas con una demanda desbordada y dificultades de acceso.
El rechazo a aplicar esta medida se concentra especialmente en aquellas regiones gobernadas por el Partido Popular, formación que desde el primer momento ha mostrado una fuerte oposición al texto legal. Esta resistencia ha impedido que millones de ciudadanos puedan beneficiarse de las disposiciones de la ley, mientras el coste del alquiler continúa en ascenso en buena parte del territorio nacional.
El PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, apuesta por recuperar recetas propias del periodo del aznarismo, un modelo de políticas de vivienda que, según numerosos analistas, contribuyó de forma decisiva a la creación de una burbuja inmobiliaria cuyos efectos aún hoy se hacen sentir entre amplios sectores de la población.
