El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intenta salvar la Conferencia de Presidentes que se celebra hoy en Barcelona con gran Acuerdo Estatal para reforzar la inversión pública, blindar la vivienda protegida y garantizar más transparencia en los precios del mercado inmobiliario.
Con ello España daría pasos en materia de vivienda y, de paso, La Moncloa busca romper la estrategia frentista que ha diseñado el Partido Popular (que cuenta con 12 de los 17 presidentes autonómicos).
RUIDERA
Encabezado por la siempre polémica Isabel Díaz Ayuso, el partido conservador amenaza con boicotear la cita en Barcelona. La intención era dar un plantón al presidente del Gobierno porque no les permitía condicionar la agenda del encuentro, pero el PSOE ha dado luz verde a ello.
La presencia del Rey Felipe VI tampoco parece frenar el órdago político del PP. Para derribar este ‘no’, La Moncloa utiliza la situación crítica que sufre la vivienda en España: precios disparados, mercado del alquiler tensionado, escasez de oferta pública y jóvenes condenados a la dependencia o a la emigración forzosa de barrios enteros.
El Gobierno ha dado pasos como la Ley de Vivienda, que pone cota a las subidas abusivas en zonas tensionadas. Pero el PP no solo se ha opuesto frontalmente a todas estas iniciativas, sino que allí donde gobierna ha optado por no aplicarlas.
La negativa del PP a declarar zonas tensionadas significa renunciar a regular el alquiler en ciudades donde los precios suben más rápido que los salarios. Según los partidos de Gobierno, su actitud supone dejar a las familias a merced de fondos de inversión y grandes tenedores; proteger un modelo de mercado sin reglas que alimenta la desigualdad y expulsa a los más vulnerables del centro de las ciudades; y una muestra de desprecio hacia el espíritu constitucional del derecho a la vivienda.
En lugar de sumarse a una estrategia común, el PP propone un retorno al pasado. En sus discursos y anuncios empieza a asomar el viejo recetario de los gobiernos de Aznar: más suelo, menos regulación y ‘facilidades’ a promotores. Según algunos expertos, es el modelo basado en el crecimiento especulativo, que hizo caja en tiempos de bonanza, infló una burbuja gigantesca y terminó hundiendo al país en la mayor crisis financiera de su historia reciente.
LA CARTA
Lo que propone Sánchez en una carta enviada a los presidentes autonómicos es triplicar la inversión pública en vivienda hasta los 7.000 millones de euros en el periodo 2026-2030, con un compromiso del Estado de aportar más del 50% del total. También pide blindar la vivienda protegida, de modo que no acabe en manos de fondos buitre o vendida en el mercado libre, como ha ocurrido con buena parte de las 2,4 millones de VPO construidas en los últimos 45 años. Y plantea crear una base de datos pública de precios reales, para que ni las administraciones ni los ciudadanos dependan de portales privados sin transparencia ni supervisión.
El PP lo rechaza en bloque. La formación que lidera Alberto Núñez Feijóo ha mostrado reticencias a las propuestas del Gobierno en materia de vivienda, manteniéndose en una posición prudente respecto a una mayor intervención pública. Su enfoque, más centrado en incentivar la iniciativa privada y reducir la regulación, responde a una visión económica distinta, pero que ha generado dudas sobre su eficacia para abordar un problema estructural que afecta especialmente a los jóvenes y a las familias con rentas medias y bajas.
Lo que se debate ahora no es solo una diferencia de criterios, sino qué papel deben jugar las administraciones públicas ante un problema que impacta de lleno en la calidad de vida de millones de ciudadanos.
El Gobierno ha planteado una hoja de ruta con más inversión pública, medidas para reforzar la vivienda protegida y más transparencia en los precios del mercado. Desde el PP, sin embargo, se sigue asegurando que la oferta privada podrá absorber la demanda.
