La reducción de la jornada laboral es una de las cuestiones candentes de la agenda política y una de las medidas estrella de la vicepresidenta Yolanda Díaz y de Sumar. En un momento en que la coalición, según algunas encuestas, pierde fuelle, esta iniciativa es vista para los socialistas como otra piedra en el zapato ante las dudas de la medida –que en su día ya planteó el ministro de Economía, reclamando más equilibrios y progresividad—y el amplio rechazo que ha cosechado tanto de pymes y autónomos como de patronales de distintos sectores por los costes que conllevará.
Fuentes empresariales consultadas esperan que el trámite parlamentario permita constatar que el texto es un “sinsentido” cuando el foco debe situarse en mejorar el empleo, la productividad y en aprovechar las herramientas de la negociación colectiva en cada sector para introducir mejoras si cabe.
Es por ello que, desde Moncloa, han visto en Junts la vía de escape para bajarse del escenario, ponerse de perfil y trasladar un eventual fracaso hacia la órbita de actuación del partido independentista. Estos últimos días deslizando, a través de Santos Cerdán, que son los de Puigdemont quienes supuestamente imponen líneas rojas en reuniones de Waterloo y son los responsables de que la rebaja de jornada a 37,5 horas semanales no vea la luz. El acuerdo de investidura entre ambas formaciones acota qué temas se abordan en estos encuentros.
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Lo cierto es que Junts se ha mostrado contrario a la medida tal y como está ahora planteada desde el minuto uno y por ello es partidario de presentar una enmienda a la totalidad y, en la negociación, trabajar a fondo para neutralizar el impacto negativo de las medidas que pretende aplicar el Ministerio de Trabajo.
La portavoz de Junts en Madrid, Míriam Nogueras, ha sido clara y contundente sobre la propuesta de reducción, tras recordar que se ha hecho únicamente con el aval de los sindicatos y de espaldas a la realidad del tejido empresarial de Cataluña, suponiendo un ataque frontal a las pymes y autónomos catalanes.
La formación independista es consciente, además, de que la reducción de la jornada laboral despierta numerosos recelos y ha estudiado punto por punto sus consecuencias, tanto la reducción horaria como las implicaciones en relación con la desconexión digital y el registro horario y el endurecimiento de las sanciones a las empresas que prevé imponer el Ministerio.
Dilación de los plazos de la reducción de jornada
Otra prueba de que el Gobierno no tiene interés en acelerar los tempos para su validación en el Parlamento es la prórroga, semana tras semana, del plazo para la presentación de las enmiendas. La mesa del Congreso, donde es mayoría el PSOE y Sumar, va retrasando su tramitación ante la baja probabilidad de divisar un acuerdo que cada vez es “más difícil”, constatan fuentes consultadas.
La ministra de Trabajo quiere ganar tiempo para tratar de encauzar la negociación, aunque ya ha anticipado que un plan B—focalizarse en el registro horario, endureciendo controles y las horas extra impagadas—mientras los socialistas no quieren forzar la máquina ante una reforma que ha liderado la dirigente de Sumar con afán y muchas voces contrarias.
Cuando se active el plazo, los partidos podrán sus cartas sobre la mesa y empezará a contar el reloj para validar o no una medida que Yolanda Díaz ve de máxima importancia y como aseguró, en su día, “ayudará a que la gente sea más feliz”.
