El Gobierno de Cantabria ha presentado esta semana un anteproyecto de Ley de Vivienda que, pese a su retórica, rehúye las medidas estructurales necesarias para garantizar el derecho a la vivienda y vuelve a centrar el foco en la ocupación como chivo expiatorio.
El texto se pliega a los intereses de los grandes tenedores, evita declarar zonas tensionadas, a pesar del aumento disparatado de precios en Santander y alrededores, y no se atreve a intervenir de forma decidida en el mercado inmobiliario.
El Ejecutivo integrado por miembros del PP y apoyado de forma recurrente por Vox pone en marcha este texto impulsado por el consejero de Vivienda, Roberto Media, y el director general Carlos Montes, y estará en fase de alegaciones hasta el 30 de junio.
SIN ZONAS TENSIONADAS
El anteproyecto evidencia una orientación conservadora que prioriza la confianza del propietario frente a las necesidades de quienes no pueden pagar un alquiler que no deja de subir. Uno de los aspectos más llamativos del texto es que rechaza aplicar la declaración de zonas tensionadas, una herramienta recogida en la Ley estatal de Vivienda que permitiría limitar los precios abusivos en las zonas donde la población sufre mayor presión inmobiliaria, pero sigue siendo boicoteada por el PP (aunque en Galicia ha autorizado a regañadientes la declaración de A Coruña). Cantabria, con subidas interanuales del 13,2% en la venta y del 5,8% en el alquiler según Idealista, presenta indicadores claros de tensión habitacional.
Pero el Gobierno opta por mirar hacia otro lado, favoreciendo el libre juego del mercado y renunciando a aplicar siquiera los topes del Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler (SERPAVI), que tacha de «desfasado», sin plantear alternativas reales de control.
El anteproyecto dedica un espacio desproporcionado a abordar la ocupación ilegal, presentándola como uno de los grandes problemas de la comunidad, pese a que los datos oficiales desmienten que sea una situación generalizada. Se proponen protocolos de desalojo exprés, oficinas de apoyo a víctimas de la ocupación, y canales de denuncia directa, mientras se invisibiliza la causa real de algunas de estas situaciones: el abandono institucional y la falta de vivienda accesible para las capas más empobrecidas.
Además, se excluye expresamente del acceso a ayudas a quienes hayan sido denunciados por ocupación en los últimos cinco años. También se aplicarán medidas sociales, sin especificarlas, para garantizar soluciones habitacionales alternativas «cuando existan situaciones de vulnerabilidad real».
VIVIENDA PÚBLICA
El anteproyecto menciona la creación de un Parque Público de Vivienda. Se habla de colaboración con particulares y entidades privadas, dejando la gestión del derecho a la vivienda, en buena parte, en manos del mercado. Otro de los ejes del texto es la movilización de vivienda vacía. Se priorizan incentivos para propietarios, como ayudas al IBI o al pago de comunidad, sin establecer ningún tipo de penalización fiscal para quienes retienen inmuebles vacíos para especular.
Además, se rechaza vincular el precio de los alquileres a índices públicos, dejándolo en manos del mercado local, lo que impide garantizar precios asequibles y refuerza la idea de que la vivienda es un bien de inversión, no un derecho.
SANCIONES
El proyecto contempla la creación del Registro Autonómico Unificado de Vivienda y Suelo (RAUVS), una herramienta técnica que puede ser útil para conocer la situación del parque inmobiliario. Se anuncian inspecciones y sanciones.
Explica el Ejecutivo que se impondrán multas de hasta 90.000 € para quienes destinen una vivienda protegida al uso de alquiler turístico El Plan de Vivienda Rural parte de un diagnóstico acertado, la despoblación y el envejecimiento del medio rural, pero no va acompañado de un compromiso claro de inversión pública.
Sin una política integral de servicios públicos, empleo, transporte y vivienda digna, la propuesta corre el riesgo de quedarse en papel mojado o en una política de escaparate más que de transformación.
