Jakob Suwalski y Brian Marly, analistas del sector público y soberano de Scope Ratings, hablan sobre la propuesta del Gobierno de España de aliviar la deuda de las comunidades autónomas en 83.000 millones de euros, equivalente al 25% del total de la deuda regional.
Para ellos esa condonación es positiva desde el punto de vista crediticio, ya que reducirá la carga de la deuda de las comunidades, pero entraña un riesgo moral, lo que subraya la necesidad de una reforma de la financiación.
La propuesta mejorará las métricas de déficit de las regiones sin afectar la calidad crediticia de España (A/Estable), ya que el alivio propuesto no afecta a los fundamentales del país, puesto dado que el pasivo regional ya está consolidada en las cuentas de las administraciones públicas.
Sin embargo, a pesar del alivio del déficit, las regiones altamente endeudadas seguirán siendo vulnerables, puesto que las presiones presupuestarias en estas regiones están impulsadas principalmente por el aumento de los gastos no financieros, un problema estructural que sigue sin abordarse.
El plan de alivio del Gobierno central tendrá repercusiones muy desiguales en las distintas regiones, ya que la condonación oscila entre el 19% y alrededor del 50% de la deuda total. Las Islas Canarias (alrededor del 50%) y Andalucía (47%) recibirán la mayor proporción de condonación en relación con el total.
En términos absolutos, tres de las 15 regiones concentrarán alrededor del 57% del plan de condonación propuesto: Andalucía (18.800 millones de euros), Cataluña (17.100 millones de euros) y la Comunidad Valenciana (11.200 millones de euros).
Pero, a pesar de este importante alivio, el déficit total de Cataluña y Valencia seguiría siendo muy elevado, lo que limitaría la mejora del crédito. Por otra parte, dado que la carga media de pago de intereses de las regiones ya es baja, situándose en el 1,9% de los ingresos de explotación en 2023, frente al 6,7% en 2014, la condonación solo ofrecerá un limitado margen de alivio financiero.
Dudas sobre el alcance y el calendario de la propuesta
La propuesta fue aprobada por el Consejo Fiscal el 26 de febrero de 2024, pero aún requiere modificaciones de la Ley Orgánica de Financiación Autonómica (LOFCA), ya que actualmente no se permite la condonación unilateral de deuda. Además, no se espera la aprobación parlamentaria antes de finales de 2025, lo que podría introducir nuevos retrasos e incertidumbre.
La resistencia política sigue siendo fuerte, con 11 regiones lideradas por los partidos conservadores bloqueando la votación y exigiendo un nuevo sistema de financiación autonómica, un fondo transitorio de nivelación para apoyar a las regiones infra financiadas y una mayor cogestión de los fondos europeos.
Además, regiones afectadas por la DANA, como Valencia, han pedido que se desbloqueen fondos de la línea de crédito del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) del Gobierno central para hacer frente al impacto de las catástrofes naturales. Del mismo modo, Cataluña, una de las principales beneficiarias de la condonación, cuyo apoyo político es necesario para aprobar los presupuestos del Gobierno, también podría impulsar las negociaciones en torno a nuevas demandas de autonomía.
Las distintas situaciones financieras regionales también añaden complejidad. Muchas comunidades autónomas han dependido en gran medida de los fondos desembolsados en el marco de las líneas de crédito del FLA y del Fondo de Facilidad Financiera (FF) desde 2012, lo que las ha convertido en una categoría dominante en la composición de la deuda regional española. Para el tercer trimestre de 2024, aproximadamente el 63% de la deuda regional total era préstamos FLA/FF, lo que pone de relieve la dependencia a largo plazo de muchas regiones de la financiación del Gobierno central.
Sin embargo, dado que Madrid (A/Estable) no tiene deuda FLA/FF y que Asturias, Canarias, Castilla y León y Galicia tienen importes de préstamos FLA/FF inferiores a los de la condonación propuesta, es necesario un enfoque de reestructuración más amplio y consideraciones políticas que vayan más allá de la mera cancelación de la deuda FLA/FF. Los 21.000 millones de euros de alivio asignados a estas cinco regiones sólo cubren 5.700 millones de euros de deuda FLA/FF, lo que deja un déficit residual de 15.300 millones de euros que debe abordarse mediante otros mecanismos de reestructuración.
El alivio reduce las ratios, pero no garantiza la sostenibilidad
El alivio de la deuda propuesto supondría una reducción significativa de las ratios deuda/ingresos de explotación en todas las comunidades autónomas españolas, reduciendo el agregado total del 152% al 114%.
De acuerdo con la propuesta, Madrid podría recibir 8.600 millones de euros en concepto de alivio de la deuda, lo que reduciría la carga de la deuda en 33 puntos porcentuales, hasta el 103% de los ingresos de explotación de 2024, si se cancelara totalmente. Sin la quita, prevemos que la ratio deuda/ingresos de explotación de Madrid disminuya gradualmente hasta alrededor del 120% en 2028, impulsado por un crecimiento constante de los ingresos y un endeudamiento disciplinado.
Sin embargo, si el Estado introduce progresivamente los 8.600 millones de euros de alivio asumiendo gradualmente la deuda en función de los vencimientos, por ejemplo, asignando transferencias adicionales del Estado a Madrid dada su falta de deuda FLA/FF, la ratio de deuda de Madrid podría caer aún más hasta el 90% en 2028, acelerando su consolidación fiscal.
Antes del alivio de la deuda, las ratios de deuda regional oscilaban entre el 57,4% (Islas Canarias) y el 291,3% (Comunidad Valenciana), lo que pone de manifiesto importantes disparidades fiscales. Tras la quita, el diferencial se reduciría, situándose la mayoría de las regiones entre el 50% y el 150%. Sin embargo, regiones muy endeudadas como Valencia, Cataluña y Murcia se mantendrían significativamente por encima de la media del sector a pesar de las notables reducciones.
Estas regiones se enfrentan a retos de sostenibilidad a largo plazo debido al elevado crecimiento del gasto no financiero, lo que subraya la necesidad de una reforma más amplia del marco de financiación, más allá de esta medida de alivio puntual.
Los cambios para mejorar el sistema de nivelación fiscal de España, el apoyo presupuestario estructural y la condicionalidad, y una mejor gobernanza multinivel podrían afectar positivamente a nuestra valoración del apoyo del Gobierno central, y por lo tanto potencialmente a las calificaciones de las comunidades autónomas con menor rating.
Deuda: impacto potencial en el acceso al mercado
Esperamos que siete comunidades autónomas – Asturias, Canarias, Castilla y León, Galicia, Madrid, Navarra y el País Vasco – dependan plenamente de la financiación del sector privado este año, con Madrid y el País Vasco a la cabeza de las emisiones de bonos.
El modelo de financiación mixto de Andalucía (80% mercado, 20% Estado) puede sentar un precedente para otras regiones en transición desde el apoyo estatal a la financiación. Sin embargo, la mayoría de las regiones seguirán dependiendo de la financiación extraordinaria, lo que pone de relieve la necesidad de acometer reformas estructurales para garantizar un acceso sostenible al mercado.
Entre los principales riesgos del programa de condonación de deuda propuesto figura la falta de condiciones, como requisitos explícitos de disciplina financiera, lo que suscita preocupación por el riesgo moral. Sin reformas estructurales del sistema de financiación autonómica español, es probable que algunas regiones sigan acumulando deuda. Las comunidades muy dependientes de las transferencias podrían seguir registrando déficits y depender de los mecanismos de liquidez del Gobierno central en el futuro, lo que limitaría la eficacia del programa a largo plazo.
