El Banco de España explicó que el precio de la vivienda en el Estado español se situaba a finales de 2024 ligeramente por encima de su valor de equilibrio a largo plazo. En concreto, según diversos modelos evaluados por la entidad, este desfase oscilaba al cierre del año pasado entre el 1,1% y el 8,5%, una cifra superior al rango estimado seis meses antes, que se situaba entre el 0,8% y el 4,8%, tal como se recoge en el Informe de Estabilidad Financiera de Primavera 2025 que se dio a conocer ayer.
El organismo supervisor asegura que el endeudamiento de los hogares se mantiene en niveles históricamente bajos, en un contexto de buena evolución de la renta, el empleo y la riqueza. No obstante, la carga financiera se sitúa cerca de los máximos registrados en la última década, aunque ha empezado a reducirse apoyada en la reciente bajada de los tipos de interés.
LA VIVIENDA SIGUE MARCANDO LA AGENDA
El acceso a una vivienda digna y asequible continúa siendo uno de los principales desafíos sociales y económicos en España, y su problemática sigue ocupando un lugar destacado en la agenda pública, impulsada por el creciente malestar de la ciudadanía.
Ante esta situación y alarmados por los sondeos, en La Moncloa han tenido que poner el foco en esta cuestión, consciente de la urgencia que supone para una parte importante de la población, especialmente jóvenes y familias con menores ingresos.
El aumento sostenido de los precios de la vivienda, tanto en compra como en alquiler, especialmente en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, ha superado en muchos casos la evolución de los salarios, provocando que el coste habitacional absorba gran parte del presupuesto familiar.
El Ejecutivo respondió hace dos años con la Ley de Vivienda. Entre las medidas que la integran destacan la regulación de los precios del alquiler en zonas tensionadas (que no aplican regiones como Madrid), la promoción y construcción de vivienda pública y social, así como incentivos para la rehabilitación y puesta en uso de viviendas vacías. Estas iniciativas, según el Ejecutivo, buscan no solo frenar la especulación sino también aumentar la oferta de vivienda accesible para los sectores más vulnerables.
No obstante, muchos sectores de la sociedad consideran que las medidas implementadas hasta ahora no son suficientes para resolver la magnitud del problema. El Gobierno, con la ministra del ramo Isabel Rodríguez al frente, se enfrenta a críticas que apuntan a la necesidad de una estrategia más amplia e integral, que garantice no solo el acceso económico a la vivienda, sino también la estabilidad y calidad de los contratos de alquiler y creación de un parque público robusto.
PROPUESTAS DEL PP
Las propuestas del Partido Popular en materia de vivienda mantienen muchas similitudes con las políticas impulsadas durante el gobierno de José María Aznar en los años 90 y principios de los 2000 que llevaron a la burbuja.
Los de Alberto Núñez Feijóo siguen promoviendo que se practique la libre competencia en un mercado de un bien de primera necesidad, incentivando la construcción privada y reduciendo la intervención pública directa. Sus propuestas se centran en facilitar la compra mediante deducciones fiscales y en promover un marco regulatorio flexible para el alquiler, evitando controles de precios que consideran desincentivan la oferta.
Los ‘populares’ abogan por medidas orientadas a aumentar la oferta mediante la iniciativa privada y la liberalización del mercado, similar a la política de Aznar, que impulsó una expansión masiva del sector inmobiliario con escasa regulación estatal. Esta continuidad ha generado críticas por parte de sectores que consideran que estas políticas no abordan suficientemente los problemas de acceso y asequibilidad para la mayoría social.
