Han pasado ya dos años desde la aprobación de la Ley de Vivienda en España, una norma ambiciosa impulsada por el Gobierno de coalición para hacer frente a la escalada de los precios del alquiler y garantizar el acceso a una vivienda digna.
Sin embargo, el balance de su aplicación es, hasta la fecha, muy desigual. Mientras algunas comunidades autónomas, como Cataluña, Euskadi, Navarra o Asturias, han dado pasos decididos en su implementación, la gran mayoría (13 de las 17) se han negado a aplicar uno de los puntos clave: la declaración de zonas tensionadas, que es una herramienta diseñada para limitar los precios en áreas con alta presión inmobiliaria.
Este bloqueo se produce especialmente en las regiones gobernadas por el Partido Popular, que ha manifestado desde el inicio su rechazo a la norma, calificándola de «intervencionista» e «ineficaz». La negativa a aplicar la ley en estos territorios ha dejado a millones de ciudadanos sin posibilidad de beneficiarse de sus medidas, mientras los precios del alquiler siguen aumentando en buena parte del país.
La formación que lidera Alberto Núñez Feijóo quiere recuperar el viejo recetario del ‘aznarismo’ que provocó una gran burbuja cuyos efectos siguen siendo sufridos por la ciudadanía.
LOS PRECIOS BAJAN EN CATALUÑA, VANGUARDIA DEL ESTADO
Cataluña es, hasta ahora, la comunidad autónoma que más ha avanzado en la aplicación de la ley. En 2024 declaró como zonas tensionadas 271 municipios (incluida Barcelona) que representan aproximadamente el 90% de su población.
Gracias a esta medida, se han empezado a imponer límites a los precios del alquiler, especialmente para los grandes tenedores. La consecuencia es que los precios han registrado una bajada media cercana al 5%.
Por otro, se ha detectado una contracción del mercado, con una reducción del 17% en la firma de nuevos contratos, lo que algunos expertos atribuyen a una menor oferta por parte de los propietarios. Aun así, desde la Generalitat defienden que el control de precios es un paso necesario para frenar la especulación y proteger a los inquilinos más vulnerables.
BOICOT DEL PP
En el extremo opuesto, comunidades como Madrid (donde el precio del alquiler ha crecido un 14% en el último año), Andalucía, Castilla y León, Galicia, Comunidad Valenciana o la Región de Murcia, entre otras, han optado por no declarar ninguna zona tensionada. Todas ellas están gobernadas por el Partido Popular, que ha convertido su rechazo a la Ley de Vivienda en una posición política central.
Según argumentan los gobiernos autonómicos del PP, intervenir los precios a través de zonas tensionadas solo consigue desincentivar la oferta. A cambio, proponen políticas basadas en incentivos fiscales para propietarios, una mayor liberalización del suelo y planes para fomentar la construcción de vivienda, tanto en propiedad como en alquiler.
PROBLEMA ESTRUCTURAL
Mientras tanto, el problema de fondo persiste. España arrastra un déficit estructural de vivienda que, según estimaciones del Banco de España, ronda las 700.000 unidades. La oferta pública de vivienda en alquiler es una de las más bajas de Europa, y la presencia creciente de pisos turísticos y vivienda vacía agrava aún más la situación, especialmente en ciudades y zonas costeras.
Dos años después de su aprobación, la Ley de Vivienda se enfrenta a una realidad incómoda: sin voluntad política autonómica para aplicarla, su alcance queda severamente limitado. La falta de consenso entre administraciones y la confrontación ideológica entre el Gobierno central y las comunidades gobernadas por el PP han dejado la norma a medio camino.
Mientras tanto, el acceso a una vivienda digna sigue siendo uno de los principales retos sociales y económicos del país, sin una solución clara a corto plazo.
