El ruido estridente de un motor rompiendo la tranquilidad de una calle o el sosiego de una carretera es una de esas molestias que crispan los nervios a cualquiera. Ese bramido, muchas veces buscado deliberadamente mediante alteraciones en el vehículo, no solo es una falta de civismo, sino que también está en el punto de mira de la DGT, que vigila con celo el cumplimiento de la normativa acústica. No es una cuestión menor, pues detrás de ese estruendo se esconden posibles sanciones que pueden aguar la fiesta a más de un conductor aficionado a hacerse notar por los decibelios.
Lo que para algunos es una expresión de potencia o un toque de personalidad para su máquina, para la normativa y para el oído del resto de ciudadanos es, sencillamente, contaminación acústica. Y como tal, está sujeta a regulaciones estrictas que buscan preservar un mínimo de calidad sonora en nuestro entorno. Desconocer estas reglas o, peor aún, ignorarlas deliberadamente, puede acarrear consecuencias que van más allá de una simple reprimenda, llegando a afectar seriamente al bolsillo y a la disponibilidad del propio vehículo, un escenario que la DGT no duda en aplicar cuando la situación lo requiere.
4EL GOLPE AL BOLSILLO Y AL PERMISO: LAS CONSECUENCIAS DE IR HACIENDO RUIDO
Circular con un sistema de escape que produce un ruido superior al permitido por la normativa de la DGT se considera, generalmente, una infracción grave, lo que se traduce en una multa económica que suele partir de los 200 euros, aunque puede ser superior en función de la gravedad o si concurren otras infracciones. Esta cantidad, que puede reducirse por pronto pago, no deja de ser un desembolso importante que muchos conductores preferirían evitar, especialmente cuando la causa es una modificación voluntaria y no un defecto imprevisto.
Pero la sanción económica no es, en muchos casos, la única consecuencia negativa, ya que si los agentes consideran que el ruido es excesivamente elevado o que las modificaciones son de tal calibre que comprometen la seguridad o incumplen de forma flagrante la normativa, pueden proceder a la inmovilización del vehículo. Esta medida implica que el coche no podrá circular hasta que se subsane la deficiencia, lo que a menudo requiere la intervención de una grúa para trasladarlo a un taller, con los consiguientes gastos adicionales y la incomodidad de no disponer del vehículo, una potestad que la DGT avala para garantizar el cumplimiento.
