Miguel Córdoba, profesor Agregado de Economía Financiera de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales del CEU San Pablo, afirma que «con voluntad política y unos fondos, o empresas públicas, habría que destinar suelo público a un millón de viviendas, repartidas en pisos de 50 metros cuadrados (70%), otros de 75 metros cuadrados (15%) y el resto, de mayor superficie».
Para ello, las ciudades en las que haya suelo disponible, sería cuestión de generar transporte y servicios a las afueras para permitir el acceso cómodo a las capitales.
El modelo de hace medio siglo, consistente en construcción y venta de viviendas de protección oficial, no es eficiente porque luego esos pisos se revenden más caros: «tiene que ser de alquiler, en función de la capacidad de cada unidad familiar se descuenta un porcentaje del coste total. De ese modo, los precios de la vivienda de alquiler privada bajarían de forma rápida».
