En Airbnb empezaron la semana encajando un golpe. La plataforma de reserva de pisos turísticos está, hace tiempo, en la mira de los ciudadanos y de las instituciones públicas por el efecto que su negocio tiene en el precio de la vivienda en grandes ciudades como Madrid y Barcelona. A esto se suma que, hace ya meses, se les ha señalado por la cantidad de pisos sin licencia que ofrecen en su plataforma, lo que ahora se ha traducido en una orden del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que pide que retiren el anuncio de unos 65.000 pisos de la plataforma.
Es una decisión complicada, pero que desde la empresa ya han informado a este medio que están dispuestos a enfrentar en los tribunales. «Airbnb continuará recurriendo todas las decisiones que afectan a este caso. Estas actuaciones están en desacuerdo con las normativas españolas y europeas», sentencia un portavoz de la empresa, que además asegura que, en cualquier caso, el ministerio que dirige Pablo Bustinduy Amador no tiene las competencias para tomar este tipo de decisiones.
«El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que no es competente para hacer cumplir las regulaciones en materia de alojamientos turísticos, ha proporcionado un listado de anuncios utilizando una metodología indiscriminada que incluye anuncios que muestran licencias y otros que podrían no necesitarlas (como arrendamientos de temporada que no son oferta turística). También ha ignorado de manera deliberada las resoluciones del Tribunal Supremo de España que han dejado claro que no todos los anuncios en Airbnb requieren un número de registro», explican desde la plataforma de alquiler turístico.
Aun así, están en una situación complicada. Lo cierto es que la orden del Ministerio viene derivada de una decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), en la que tras una primera orden desde el Consumo se aseguró que la plataforma de alquiler turístico debía retirar unas 5.800 publicaciones de pisos turísticos de forma inmediata, aunque de momento siguen allí.
El motivo, según la publicación del propio Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, es que estas publicaciones no incluyen los datos de licencia o registro de la Vivienda de Uso Turístico (VUT), no informan de la situación jurídica de los arrendadores; es decir, no indican si los arrendadores son profesionales o particulares y no incorporan los números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades. Lo cierto es que según el portal Inside Airbnb en Madrid, por ejemplo, hay 16.805 VUT de oferta en la plataforma frente a apenas 1.008 que cuentan con ella, esto además con las nuevas licencias están congeladas desde principios de año.
AIRBNB SEÑALA QUE NO TODOS LOS PISOS DE LA PLATAFORMA REQUIEREN LICENCIA
Por su lado, desde la empresa de alquiler se sigue insistiendo en que no todos los pisos que aparecen en la plataforma requieren de una licencia. Para la empresa la decisión del ministerio es un problema, pues incluye también otro tipo de viviendas, «Airbnb no sólo se anuncia viviendas turísticas, sino también otros tipos de alojamientos (como apartamentos turísticos, hoteles, hostales, viviendas de temporada, etc.) que no están sujetos a las mismas obligaciones que los alquileres a corto plazo», sentencian desde la empresa.
En cualquier caso, la empresa asegura que ha hecho un esfuerzo por evitar algunas de las quejas más comunes que vienen de la mano con la presencia de pisos turísticos en zonas vecinales. Desde un portal para gestionar denuncias policiales, pasando por detectores de ruido y la prohibición de fiestas, son varias las medidas que han tomado para aliviar las quejas de los vecinos. Al mismo tiempo, ha sido imposible ignorar la proliferación de las VUT, incluso en bajos que hasta hace poco eran locales comerciales, ni el hecho de que desde hace años la mayoría de sus ofertas vienen de empresas o de grandes tenedores, con algunos «huéspedes» ofreciendo hasta 300 pisos en la plataforma.
AIRBNB SE DEFINE COMO UN INTERMEDIARIO NEUTRO
En cualquier caso, incluso si defienden que la mayoría de estas ofertas pueden estar presentes en la plataforma, la empresa recuerda también que ellos son simplemente una plataforma intermediaria. Es un argumento similar al que defiende Glovo sobre sus repartidores y los restaurantes o el que defienden Uber, Cabify o Bolt en relación con las flotas que realmente operan las licencias y vehículos de VTC.
«En enero de 2022, el Tribunal Supremo, siguiendo el dictamen del TSJUE, dictó una sentencia clave: la información de los anuncios, incluido el número de registro cuando ello es necesario, es responsabilidad del prestador del servicio turístico final y no de la plataforma donde se anuncia. Además, el Tribunal señaló que Airbnb es un «intermediario neutro» de los servicios de la sociedad de la información, y que no debe considerarse un proveedor inmobiliario ni prestador de servicios turísticos. Como tal, se le aplica la Directiva de Comercio Electrónico», recuerda la plataforma.
Lo cierto, de momento, es que a la plataforma no se le ha pedido cerrar, ni siquiera se les ha aplicado una sanción. La exigencia del ministerio es retirar las VUT que no cumplan con la normativa actual, es importante señora que en caso de ofrecer una vivienda para los turistas sin las licencias correspondientes el responsable es el dueño de la misma, sea un particular o una empresa.
