El acceso a una vivienda digna sigue siendo un derecho vulnerado para muchas personas debido al racismo estructural presente en el mercado inmobiliario. Numerosos estudios y denuncias han evidenciado cómo personas migrantes y racializadas enfrentan discriminación sistemática al intentar alquilar una vivienda. Esta exclusión no siempre es visible, pero se manifiesta en prácticas como negar visitas, imponer requisitos adicionales o aceptar explícitamente solicitudes de propietarios que piden no alquilar a personas extranjeras.
Para combatir la situación las entidades Asociación Rumiñahui, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Coordinadora de Asociaciones Senegalesas de Cataluña, Federación de Consumidores y Usuarios CECU, Provivienda y Red Acoge presentaron la pasada semana en el Congreso una proposición no de ley (PNL), respaldada por los grupos parlamentarios de Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos y el BNG (dentro del Grupo Mixto), junto a otras 50 entidades sociales.
El propósito es instar al Ejecutivo a intervenir de forma activa frente a la discriminación que enfrentan personas migrantes y solicitantes de asilo en el acceso a una vivienda digna. Según el informe más reciente de Provivienda, titulado ‘¿Se Alquila? Racismo y segregación en el alquiler de vivienda’, el 99% de las agencias inmobiliarias admite o consiente prácticas discriminatorias, ya sea negando directamente el acceso a la vivienda o estableciendo requisitos más exigentes.
Esto, a su vez, refuerza patrones de segregación urbana ya existentes. «Cada vez son más las personas migrantes y refugiadas empujadas a situaciones de extrema precariedad residencial», advierten las organizaciones.
«Muchas solo pueden acceder al subarriendo de habitaciones, quedando fuera de protección legal ante abusos, o acaban viviendo en condiciones de hacinamiento». Esta realidad también obstaculiza derechos fundamentales como el acceso a la sanidad o la educación, al dificultarse su empadronamiento.
A pesar de que la legislación vigente (la Constitución, la Ley de Vivienda y la Ley Integral de Igualdad de Trato) prohíbe explícitamente estas prácticas, no existe aún una política pública que articule medidas eficaces, ni herramientas para su control y sanción.
Por ello, las organizaciones proponentes solicitan al Gobierno que implemente de manera efectiva la Ley 15/2022 contra la discriminación racial o étnica en el acceso a la vivienda, introduzca medidas concretas y recursos suficientes en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2029 para asegurar el acceso equitativo a la vivienda; establezca límites normativos claros sobre los requisitos y documentación exigibles para acceder a un alquiler o compra; desarrolle programas de alquiler asequible, con mecanismos de mediación y asesoramiento legal gratuito; o ponga en marcha campañas informativas dirigidas a personas migrantes sobre sus derechos como arrendatarios.
Y también que refuerce los mecanismos de inspección y control del mercado inmobiliario, así como las funciones sancionadoras para prevenir y castigar la discriminación; que facilite vías de denuncia accesibles, seguras y eficaces para las víctimas de exclusión residencial; y que promueva la investigación continuada sobre el racismo estructural en el acceso a la vivienda y publique regularmente datos e informes que visibilicen estas prácticas.
RACISMO
La asociación Provivienda presentó en marzo la segunda edición del informe ‘¿Se alquila? Racismo y segregación en el alquiler de vivienda’, en el que se concluye que la tolerancia de las agencias inmobiliarias hacia comportamientos racistas roza el 100%, tras aumentar más de 26 puntos en los últimos cinco años.
En el 99% de las 100 llamadas efectuadas a inmobiliarias en Madrid y Barcelona se constató la aceptación de prácticas abiertamente discriminatorias contra personas extranjeras, en comparación con el 72,5% detectado en 2020, según denuncia el informe.
Estas prácticas incluyen instrucciones directas para excluir a personas de origen extranjero. Diversas organizaciones sociales han difundido este informe a través de sus redes sociales, subrayando la xenofobia presente en el mercado del alquiler de vivienda.
