Según datos recabados por UFD, la distribuidora de electricidad de Naturgy, el número de conexiones ilegales al sistema eléctrico se ha incrementado en un 300% desde 2021, en pleno apogeo de la pandemia del Covid-19. En 2024, UFD realizó más de 41.600 operaciones contra este tipo de fraudes, según anunció la compañía mediante un comunicado.
Estas actuaciones fueron llevadas a cabo en las regiones en las que UFD tiene actividad distribuidora: Galicia, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León, con los que logró recuperar más de 133 gigavatios hora (GW/h) de energía consumida de forma fraudulenta, una cantidad que equivale al consumo eléctrico anual de 41.800 viviendas.
TODOS PAGAMOS EL FRAUDE ELÉCTRICO
Naturgy recordó que el fraude eléctrico representa un quebranto económico para el sistema eléctrico ya que, según la normativa en vigor, el coste de la energía defraudada termina recayendo en el conjunto de los usuarios conectados legalmente a la red. Según cálculos de otra de las grandes compañías energéticas, Endesa, este coste rondaría los 2.000 millones de euros anuales.
«Este tipo de actuaciones ilegales pueden provocar incendios y otro tipo de accidentes, y ponen en riesgo tanto a la persona que las realiza como a las que conviven con ella y a sus vecinos» -explica Mónica Puente, directora de Redes de electricidad de Naturgy en España- «Por ello, la compañía está inmersa en un plan para detectar y desconectar conexiones fraudulentas y manipulaciones de contadores en todos los territorios en los que opera».
La manipulación irregular de las instalaciones eléctricas constituye un delito tipificado en el código penal
Las conexiones fraudulentas a la red de UFD crecieron un 28% entre 2008 y 2013, tras la irrupción de la crisis económica. Desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, esta práctica ha aumentado a un ritmo aún más elevado que en el periodo citado, provocando un incremento de los fraudes detectados de alrededor del 300% desde 2021.
La manipulación irregular de las instalaciones eléctricas constituye un delito recogido en el artículo 255 del Código Penal. La legislación establece que las empresas distribuidoras tienen la función de detectar y poner en conocimiento de las autoridades y los clientes las situaciones de fraude eléctrico y en los equipos de medida, y las habilita a interrumpir el suministro cuando detecten situaciones anómalas.
LA MARIHUANA SIGUE SIENDO EL GRAN MOTIVADOR DEL FRAUDE
Durante el pasado ejercicio, las actuaciones de UFD en cumplimiento de dicha función se saldaron con la apertura de 12.140 expedientes por fraude en el conjunto de las regiones en las que opera. Madrid registró el mayor número de casos, con un total de 5.175 expedientes, seguida de Castilla-La Mancha (3.384), Galicia (3.191) y Castilla y León (390).
Estas actuaciones permitieron además interceptar y recuperar la electricidad consumida de forma fraudulenta por 155 dispositivos indoor, la gran mayoría vinculados con plantaciones de marihuana. Se trata de instalaciones que consumían de forma ilegal una cantidad anual de 3,7 GW/h, equivalente a la demanda energética de cerca de 1.150 viviendas.
EN 2023, EL 74% DE LOS FRAUDES ELÉCTRICOS DESTAPADOS POR ENDESA CORRESPONDÍA AL CULTIVO DE MARIHUANA Y LOS GRANDES CONSUMOS VINCULADOS A LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y DE NEGOCIOS
Solo en 2023, e-distribución, la filial de redes de Endesa, desmanteló una cifra cercana a los 150 fraudes al día, de los cuales el 74% correspondía al cultivo de marihuana y a los grandes consumos vinculados a la actividad industrial y los negocios. La otra cuarta parte correspondió al sector residencial, aunque sólo el 2% se localizó en las viviendas con un consumo más bajo, con una potencia contratada inferior a los 3 kilovatios (KW).
