El caso de Ana Julia Quezada, la mujer condenada por asesinar al pequeño Gabriel Cruz en 2018, ha vuelto a saltar a la actualidad, esta vez no por un nuevo crimen, sino por un escándalo de enorme gravedad ocurrido en el interior de la prisión de Brieva, en Ávila, donde cumple su condena de prisión permanente revisable. Según ha trascendido en las últimas horas, una investigación judicial en curso apunta a una trama que implica a varios trabajadores penitenciarios y que ha desatado una tormenta mediática, política e institucional. La propia presentadora Susanna Griso, visiblemente impactada, interrumpió la emisión habitual de ‘Espejo Público’ para compartir una experiencia personal que confirma las irregularidades en los centros penitenciarios de España.
1La noticia de ‘Espejo Público’
“Me han llamado desde la cárcel más de una vez”, confesó la periodista en pleno directo, después de que se emitiese un fragmento relacionado con los móviles en manos de presos. “El otro día hablamos con el abuelo de una niña de dos añitos que fue tiroteada en una casa, y en ese momento el propio abuelo recibió una llamada de su padre, el bisabuelo, desde la cárcel. Estuvieron hablando y hablaron conmigo”, explicó la presentadora, dejando claro que las comunicaciones clandestinas desde los centros penitenciarios no son un caso aislado. La declaración de Griso, que hizo una pausa en el ritmo habitual del programa, pretendía evidenciar que el problema de los teléfonos móviles en manos de reclusos no es nuevo ni excepcional, sino una realidad que ella misma ha vivido de forma directa en varias ocasiones.
El epicentro de esta nueva sacudida mediática es la prisión de Brieva, una cárcel de mujeres donde Ana Julia Quezada habría establecido relaciones sexuales con, al menos, dos funcionarios del centro y un cocinero, a cambio de obtener favores penitenciarios. Uno de esos favores habría sido la introducción de un teléfono móvil, supuestamente utilizado por la reclusa para grabar los encuentros íntimos. Según las diligencias abiertas por el Juzgado número 4 de Ávila, la intención de Quezada era utilizar esos vídeos como instrumento de chantaje contra la dirección del centro, con el fin de lograr su traslado a una prisión en Barcelona, donde podría sentirse más protegida de la presión mediática.
La investigación avanza gracias al testimonio de un educador de la cárcel, quien alertó a la dirección penitenciaria al sospechar de la existencia de material comprometedor. Fue la propia directora del centro, Laura Pérez, quien firmó un informe oficial en el que dejaba constancia de que Ana Julia había admitido disponer de vídeos de contenido sexual grabados con al menos un funcionario, y que éste le habría facilitado el dispositivo para ello. Las grabaciones, según las declaraciones recogidas en el sumario, también habrían sido transferidas a su pareja actual, que habría participado activamente en la introducción del móvil en la prisión. La entrega del dispositivo se habría producido en un aparcamiento, lo que refleja un nivel de planificación que ha alarmado a las autoridades.
