La empresaria y esteticista Gabriela Guillén atraviesa uno de los momentos más incómodos de su vida personal y profesional tras verse envuelta en un conflicto con su antigua compañía telefónica. La paraguaya, conocida en la prensa del corazón por su relación con Bertín Osborne y por su firme voluntad de mantener una imagen discreta y trabajadora, ha hecho público su profundo malestar después de verse inesperadamente incluida en una lista de morosos, una situación que, según asegura, le ha supuesto importantes perjuicios. Todo comenzó hace casi dos meses, cuando tomó la decisión de abandonar Vodafone, la operadora con la que había estado vinculada durante más de una década, para pasarse a Movistar. Lo que parecía un simple trámite se convirtió en una auténtica pesadilla burocrática que ha terminado por enfadarla visiblemente.
2El nuevo escándalo de Gabriela Guillén
La frustración de Gabriela Guillén es evidente. No solo se siente víctima de un sistema que castiga a los consumidores incluso cuando no hay sentencia firme en su contra, sino que además considera que el procedimiento carece de humanidad y empatía. La inclusión en este tipo de listados no solo afecta al acceso a productos financieros, sino también a la reputación profesional y personal de quien aparece en ellos. Ella, que ha trabajado durante años para sacar adelante su negocio con esfuerzo, sin escándalos públicos ni conflictos abiertos, se ve ahora obligada a justificar su nombre frente a una situación que no considera justa. “Estoy muy enfadada. Nadie me avisó, nadie me explicó. Me he enterado por casualidad y ahora tengo que esperar no sé cuánto para que me borren de algo que ni siquiera debía estar”, ha remarcado con indignación.
El caso ha puesto sobre la mesa una problemática que afecta a miles de ciudadanos cada año: la facilidad con la que una persona puede ser incluida en un registro de morosidad por discrepancias con empresas privadas, sin resolución judicial y sin posibilidad inmediata de defensa. En el caso de Gabriela Guillén, el impacto ha sido doble: en lo económico y en lo emocional. La esteticista ha señalado que seguirá luchando para que su situación se regularice cuanto antes y para que su nombre no quede asociado a una deuda que nunca debió existir. A pesar de haber pagado, el daño ya está hecho, y su objetivo ahora es evitar que otras personas pasen por lo mismo.
Con esta denuncia pública, Gabriela no solo defiende su inocencia sino que también lanza un mensaje a otras personas que puedan encontrarse en circunstancias similares. Reclama mayor transparencia, información clara y, sobre todo, sentido común en la gestión de este tipo de conflictos. “Hay que esperar”, le dijeron cuando pidió ser eliminada del registro tras pagar. Pero esa espera, para ella, está cargada de impotencia, rabia e incomprensión. Una espera que, además, podría afectar a su trabajo, sus proyectos y su día a día. Por ahora, ha decidido no quedarse callada. Su historia ya ha empezado a circular y podría convertirse en el inicio de un debate más amplio sobre los derechos de los consumidores frente a grandes empresas.
