Rocío Carrasco vuelve a estar en el centro del huracán mediático, aunque esta vez no es ella quien toma la palabra, sino su exmarido, Antonio David Flores. La nueva batalla legal que se avecina entre ambos promete sacudir los cimientos de la televisión española, no solo por los nombres implicados, sino también por la cifra millonaria que está en juego. Tras más de tres años de relativo silencio por parte del exguardia civil, una demanda admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 1 de Málaga ha devuelto su figura al primer plano.
2La estrategia de Antonio David Flores
Desde su salida fulminante de “Sálvame”, Antonio David Flores había optado por un perfil bajo, alejado de los platós y del ruido mediático. No ha dado entrevistas ni ha firmado contratos televisivos en otras cadenas. Su presencia se ha limitado a sus redes sociales y a las apariciones públicas de su hija, Rocío Flores, quien le dedicaba recientemente un mensaje de cumpleaños en el que quedaba patente su afecto incondicional: “Feliz 49+1, jefe. Te amamos”. Ese núcleo familiar, a pesar de las polémicas, ha permanecido unido frente a las críticas.
Tampoco su vida sentimental ha estado exenta de episodios mediáticos. Tras su separación de Olga Moreno, ganadora de “Supervivientes” en 2021, inició una relación con la periodista Marta Riesco, una historia que alimentó decenas de titulares y que terminó de forma abrupta y pública. Sin embargo, más allá de estos episodios, Antonio David había mantenido una estrategia de silencio que ahora se rompe por completo con esta iniciativa legal.
La situación para Rocío Carrasco es complicada. Después de su catarsis televisiva, en la que logró gran respaldo social pero también muchas críticas, esta nueva ofensiva judicial supone un golpe inesperado. Aunque ella no figura como parte demandada en esta ocasión, el hecho de que su testimonio sea el origen del conflicto pone nuevamente en entredicho su versión de los hechos. Legalmente, el debate no gira en torno a si lo contado era cierto o no, sino sobre el posible daño provocado al honor y la imagen pública de quienes fueron señalados durante las emisiones.
El proceso promete ser largo y complejo. Las pruebas aportadas, los testimonios y la interpretación de los límites legales de la libertad de expresión y de la información serán claves para definir el desenlace. De fondo, se abre un debate de mayor calado sobre el uso del dolor personal como contenido televisivo, las responsabilidades de los medios y la delgada línea entre denuncia social y espectáculo. Lo que está en juego no es solo una suma millonaria, sino también el modelo de televisión que durante años ha liderado la audiencia en España.
