Rocío Carrasco vuelve a estar en el centro del huracán mediático, aunque esta vez no es ella quien toma la palabra, sino su exmarido, Antonio David Flores. La nueva batalla legal que se avecina entre ambos promete sacudir los cimientos de la televisión española, no solo por los nombres implicados, sino también por la cifra millonaria que está en juego. Tras más de tres años de relativo silencio por parte del exguardia civil, una demanda admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 1 de Málaga ha devuelto su figura al primer plano.
1Más de 5 millones de euros
En esta acción judicial, Antonio David Flores reclama 5,67 millones de euros en concepto de indemnización por los supuestos daños morales y profesionales que habría sufrido como consecuencia del documental “Rocío, contar la verdad para seguir viva”. Emitido por Telecinco en 2021, aquel testimonio audiovisual en el que Rocío Carrasco narraba en primera persona los episodios más oscuros de su vida, incluidas acusaciones de maltrato psicológico, supuso un antes y un después tanto para ella como para su entorno. El despido inmediato de Antonio David de Mediaset, sin derecho a réplica, fue solo el primer paso de un camino que ahora podría pasar factura a varios de los rostros más conocidos del panorama televisivo.
Entre los demandados figuran nombres tan relevantes como Jorge Javier Vázquez, María Patiño, Kiko Hernández, Belén Esteban y los productores Adrián Madrid y Óscar Cornejo, quienes entonces estaban al frente de La Fábrica de la Tele, y que actualmente lideran el nuevo espacio “La Familia de la Tele” en Televisión Española. Esta circunstancia no hace sino aumentar el ruido alrededor de una causa judicial que ha estallado justo en la semana del estreno del programa. Un proyecto que ha generado gran expectación y que ya arrastra polémica por sus continuos retrasos y el complicado contexto que envuelve a sus creadores.
La noticia ha generado una enorme conmoción no solo en los despachos jurídicos, sino también en los pasillos de las cadenas implicadas. El posible impacto económico de esta demanda podría convertirse en un hito en la historia reciente de los medios de comunicación en España. Nunca antes se había planteado una reclamación tan cuantiosa ni tan mediática por motivos relacionados con el tratamiento televisivo de la vida privada de una figura pública. Para muchos expertos, este caso marcará un precedente en lo que respecta a los límites éticos de la televisión y el derecho a la intimidad.
