El Rey Juan Carlos I ha recibido una noticia que supone un gran alivio legal en medio de su última estancia en España. El Tribunal Supremo ha decidido archivar la querella que un grupo de juristas había interpuesto contra el padre de Felipe VI por presuntos delitos fiscales. Esta resolución llega tan solo unos días después de que el monarca emérito fuera visto en Sanxenxo disfrutando de las regatas, acompañado por su hija, la infanta Elena.
1La denuncia de Juan Carlos I
La querella sostenía que don Juan Carlos habría cometido hasta cinco delitos fiscales. Se le acusaba de haber ocultado rentas y donaciones a través de diversas fundaciones y de haber presentado regularizaciones que, según los demandantes, no cumplían los requisitos exigidos por la ley para quedar exento de responsabilidad penal. No obstante, el Tribunal Supremo ha descartado por completo la posibilidad de iniciar un procedimiento judicial contra el ex jefe del Estado.
El alto tribunal ha argumentado que los hechos en cuestión ya fueron analizados anteriormente y archivados por la Fiscalía. En este sentido, considera que no ha surgido ningún elemento nuevo que justifique reabrir el caso. El auto judicial subraya que en términos jurídicos “nada ha cambiado tres años después para alzar la razonada y congruente decisión de la Fiscalía y acordar la apertura de un proceso penal”. Las investigaciones previas se cerraron después de que el emérito realizara dos regularizaciones fiscales voluntarias. La primera tuvo lugar en diciembre de 2020, con un pago que superó los 600.000 euros. La segunda se produjo en febrero de 2021, momento en el que desembolsó más de cuatro millones de euros, en lo que se consideró un intento por ponerse al día con Hacienda.
El Supremo ha avalado el criterio de la Fiscalía, que ya en su momento justificó el archivo de las diligencias basándose en argumentos “razonables y coherentes con el resultado de las investigaciones”. Se concluye que los hechos están prescritos, no son constitutivos de delito o ya han sido objeto de regularización. Por tanto, no se aprecia ninguna base legal para continuar con el procedimiento penal solicitado por los juristas.
Este pronunciamiento se produce en un momento en el que el Rey Juan Carlos se encuentra en el centro de otras polémicas judiciales. En paralelo al archivo de esta causa, el emérito ha emprendido nuevas acciones legales por cuenta propia. Una de ellas va dirigida contra Miguel Ángel Revilla, a quien acusa de haber lesionado su derecho al honor mediante declaraciones públicas en medios de comunicación.
