La Federación de Consumidores y Usuarios (CECU) ha enviado sus aportaciones a la consulta pública convocada por el Gobierno para la elaboración del Plan Nacional de Renovación de Edificios, un documento estratégico que busca cumplir con los objetivos europeos de descarbonización y eficiencia energética en el parque inmobiliario.
Para la organización, este plan debe ser una herramienta clave en la lucha contra el cambio climático, pero también una oportunidad para garantizar una transición energética justa e inclusiva. El Plan, enmarcado en la Directiva Europea sobre Eficiencia Energética de los Edificios, establece la obligación para los Estados miembros de diseñar estrategias nacionales a largo plazo que permitan reducir el consumo energético y las emisiones en los edificios residenciales y no residenciales.
En el caso español, esta iniciativa recoge el testigo de la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética (ERESEE 2020), que ya marcó un primer hito en este ámbito. Desde CECU, insisten en que cualquier actuación debe tener como eje central a las personas, con especial atención a las más vulnerables.
Entre sus principales propuestas destaca la necesidad de priorizar la rehabilitación de los edificios que presentan peor eficiencia energética, especialmente aquellos situados en barrios con alta tasa de exclusión social.
Asimismo, reclaman la creación de un fondo económico específico que permita acometer intervenciones exprés en viviendas habitadas por personas en situación crítica, con medidas de bajo coste y rápida implementación. Otra línea de actuación clave propuesta por CECU es la vigilancia de los procesos de certificación energética, un ámbito donde la organización ya ha detectado y denunciado irregularidades.
DENUNCIAS CONTRA PLATAFORMAS INMOBILIARIAS
En este sentido, ha denunciado públicamente a plataformas inmobiliarias como Idealista, Fotocasa y Alquiler Seguro, por ofrecer información engañosa o incompleta sobre la eficiencia energética de los inmuebles. Para CECU, garantizar información veraz en este ámbito es fundamental tanto para los consumidores como para la propia administración pública. En lo que respecta al acceso a la rehabilitación, la federación propone simplificar los trámites de solicitud de ayudas e implementar un lenguaje claro y accesible en toda la documentación y comunicación institucional.
El objetivo es combatir el desconocimiento que impide a muchas familias beneficiarse de los recursos disponibles y fomentar así una participación más amplia, sobre todo por parte de hogares vulnerables. También exigen que se prohíba el aumento del precio del alquiler en las viviendas que hayan sido rehabilitadas con fondos públicos, para evitar que estas inversiones terminen generando efectos perversos como la gentrificación o los desahucios.
En paralelo, reclaman la creación de programas de formación oficiales para instaladores, con certificaciones acreditadas por organismos públicos, lo que aportaría garantías adicionales a los consumidores. Finalmente, CECU plantea que el gasto energético se tenga en cuenta como parte del coste total de acceso a la vivienda. Así, proponen que cualquier hogar que destine más del 30% de sus ingresos al pago de alquiler o hipoteca más las facturas energéticas, pueda acceder a las ayudas contra la pobreza energética.
TRANSFORMACIÓN SOCIAL DE LA VIVIENDA
Con estas propuestas, CECU busca que el futuro Plan Nacional de Renovación de Edificios no solo sea una herramienta de sostenibilidad ambiental, sino también una palanca de transformación social, equidad y justicia habitacional. La organización también subraya la importancia de establecer objetivos claros, medibles y con plazos concretos que permitan evaluar el avance real del plan y su impacto social.
CECU advierte que sin una perspectiva centrada en las personas, el Plan Nacional podría fracasar en su misión de ser una herramienta transformadora, tanto desde el punto de vista ambiental como desde la equidad social. La rehabilitación energética creen que debería ser un derecho, no un privilegio.
