«La ‘revisión estratégica’ de Telefónica pasa porque en la empresa nadie llegue a cumplir 56 años». Esa es la sensación general que los y las representantes sindicales tienen tras conocer que el nuevo presidente de Telefónica, Marc Murtra, y el accionista mayoritario, el Estado español a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), podrían estar planteándose un nuevo ERE que afectaría a entre 4.000 y 5.000 empleados de la compañía para mejorar la eficiencia empresarial a la que el presidente se refirió durante la pasada Junta de Accionistas.
La empresa evita hacer comentaros sobre esta posibilidad, y según fuentes conocedoras de los movimientos laborales de la compañía, la opción de un nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en ningún momento ha estado todavía sobre la mesa. Sin embargo, los sindicatos recelan de las intenciones de la empresa y rechazan de pleno la futura medida.
Cuando el pasado día 10 de abril Marc Murtra hablaba de comenzar una consolidación del sector teleco europeo, decía que esta debía empezar dentro de cada país, con una «escala rentable», para lo cual las empresas debían «cambiar y adaptarnos con acierto», no especificaba cuáles eran sus futuros planes una vez se realizara el estudio en profundidad de la compañía, que ha denominado «revisión estratégica» y que no se conocerá hasta el segundo semestre de este año.
El presidente, en su discurso durante la Junta de Accionistas, reconoció el trabajo de los «grandes profesionales» de la empresas, pero señalaba que se requeriría un «cambio significativo» para «desatar todo nuestro potencial en esta nueva Europa. Así, también dejó claro que mantendría «una disciplina financiera de hierro y simplificaremos la compañía». Las palabras pronunciadas del ex presidente de Indra tienen un sentido distinto si se piensa, o no, en un futuro ERE.
Murtra adelantó que se requeriría un «cambio significativo» para «desatar todo nuestro potencial en esta nueva Europa» y dejó claro que mantendría «una disciplina financiera de hierro y simplificaremos la compañía»
Esa reducción de los costes de estructura del grupo, hasta ahora, se estaba traduciendo en los dos últimos meses a en la reducción de la participación en negocios deficitarios en Latinoamérica a través de la división HispAm. Pero un ERE no se esperaba como estrategia a priori, y más cuando es un gobierno socialista el que dirige el país, que para mantener la españolidad de Telefónica como «empresa estratégica» frente a relevantes cambios accionariales ha adquirido durante el pasado año acciones del grupo hasta alcanzar el 10% de las mismas y ser el accionista mayoritario a través de la SEPI, por valor de 2.300 millones de euros públicos, es decir, de todos los y las españolas.
No obstante, fuentes financieras han hecho llegar a la opinión pública, a través de una publicación del diario El Confidencial, que la compañía de Murtra se plantea un nuevo ERE, y las reacciones en público y en privado no se han hecho esperar. Mientras, oficialmente, desde la compañía han rechazado hacer comentarios sobre esta posibilidad.
REACCIÓN SINDICAL EN TELEFÓNICA
A pesar de que la empresa no ha comunicado en absoluto ningún posible plan de despidos, la noticia de que en los despachos se pudiera estar barajando esta posibilidad, lógicamente, ha hecho reaccionar a los representantes sindicales del grupo. Los más antiguos, (incluso que ya han abandonado la empresa precisamente tras tener que acogerse al último ERE, que se cerró a principio del pasado año 2024), comentan con cierta socarronería que parece casi imposible cumplir los 56 años en Telefónica, salvo si se es un directivo.
En efecto, los sindicatos mayoritarios en Telefónica (UGT, CCOO y Sumados-Fetico) aseguraron a lo largo del día de ayer no haber recibido ningún tipo de información oficial sobre la posibilidad de que la compañía esté trabajando o se plantee ejecutar un nuevo expediente de regulación de empleo.
Desde UGT consideran «inaceptable» que la sostenibilidad empresarial se proyectase nuevamente únicamente desde la óptica de los recortes de plantilla. Era de esperar que la nueva dirección tuviera como fin dotar a Telefónica de un proyecto de país, no solo un ajuste de costes, e inciden al indicar que «no se puede hablar de consolidación, transformación, digitalización o compromiso con España y plantear la destrucción masiva de empleo estable y cualificado».
Representantes sindicales comentan con cierta socarronería que parece casi imposible cumplir los 56 años en Telefónica, salvo si se es un directivo
Este sindicato ha sido contundente al manifestar que no tolerará «que una empresa de carácter estratégico, con profesionales experimentados y buenas condiciones laborales, participada por un Gobierno progresista no apueste por el empleo a largo plazo y de calidad. La nacionalización no es compatible con la destrucción de empleo».
Cabe recordar que el último ERE de Telefónica, abierto hasta marzo de 2024, redujo la plantilla de las tres principales filiales en nuestro país, (Telefónica de España, Móviles y Soluciones) en 3.420 trabajadores mediante un proceso que tuvo un coste de unos 1.300 millones de euros, más impuestos, para la empresa, y que costó por cada trabajador despedido unos 380.000 euros.
No obstante, UGT ha recordado también que en virtud del III Convenio colectivo de empresas vinculadas (CEV),firmado a finales de 2023, se blindaron «las garantías laborales de la plantilla hasta el 31 de diciembre de 2026», por lo que sin el respaldo de los sindicatos, Telefónica no podría despedir colectivamente antes de esa fecha.
REACCIÓN PÚBLICA ANTE UN POSIBLE ERE
El público no perdona que una compañía cuyo mayor accionista es el Estado, y está gobernado por partido político que se autodenomina de izquierdas, y se planteen grandes despidos mientras se hacen sorprendentes contrataciones a directivos sin experiencia, pero con apellidos de calado político. Tras la renovación de cargos llevada a cabo por Murtra desde que el Gobierno le mandara asumir la presidencia de la centenaria teleco, algunos nombramientos han sido muy criticados públicamente.
Este es, por ejemplo, el caso del último fichaje de la teleco, Gonzalo Conde-Pumpido Martínez de Careaga, hijo menor del actual presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, fue nombrado la pasada semana gerente y analista jefe de Políticas Públicas, Competencia y Asuntos Regulatorios, siendo un junior de 30 años. Ante la posibilidad de que la compañía plante un nuevo ERE, las críticas han ido directas a criticar este nombramiento: «Hay que despedir a 5.000 trabajadores para que haya dinero para enchufar a cargos y familiares, como el hijo de Conde-Pumpido a 100.000 euros al año«, indica desde Twitter el usuario @H2Q, por poner un ejemplo.
Las críticas se llevan repitiendo en medios y redes sociales, donde el pequeño de los Conde-Pumpido muestra su vida llena de lujos, en primer lugar por su juventud, que marcaría claros desequilibrios entre su experiencia profesional y la alta remuneración que va a recibir, cuatro veces más de la media de un talento joven en España. Hay que tener en cuenta que el joven tan solo ha trabajado en un pequeña consultoría digital. También porque su fichaje se ha llevado con demasiada discreción, ya que su nombre es demasiado «sonoro», y se ha conocido una vez incorporado a su nuevo puesto el pasado lunes día 28, justo el día del apagón eléctrico en el país.
