España atraviesa un desequilibrio creciente entre la formación de nuevos hogares y el ritmo de construcción de viviendas. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), se estima que la población superará los 51,8 millones de personas en 2030, lo que aumentará notablemente la demanda de vivienda.
No obstante, diversos obstáculos están limitando seriamente la capacidad del sector inmobiliario para responder a esta demanda. Esta brecha entre oferta y necesidad no solo presiona los precios al alza, sino que también restringe el acceso, especialmente para los jóvenes.
CONDICIONANTES
Property Partners, empresa especializada en la intermediación de bienes inmuebles, ha identificado los principales factores que condicionarán el acceso a la vivienda en los próximos años.
Emancipación tardía y dificultad para acceder a la propiedad
La independencia juvenil en España es una de las más rezagadas de Europa. El II Informe sobre Jóvenes y Vivienda revela que el 27% de los precarizados jóvenes entre 20 y 40 años aún no se ha independizado, con una edad media de emancipación superior a los 30 años. Lo cual supone cuatro más que el promedio europeo.
Asimismo, la posibilidad de adquirir una vivienda ha disminuido considerablemente: en 2024, solo el 27% de los menores de 29 años eran propietarios, frente al 54% en 2007. Para revertir esta situación, el Gobierno ha impulsado los Avales ICO, que cubren hasta el 20% del pago inicial de una vivienda.
Evolución de los precios
Según el informe Solvia Market View 2024, se prevé un incremento del alquiler superior al 10%, mientras que los precios de venta subirán a un ritmo más moderado, entre un 4% y un 5%. Las ciudades de Madrid y Barcelona destacan por la escasez de viviendas disponibles frente a una alta demanda, lo que está llevando los precios a niveles récord y complicando aún más el acceso a la vivienda para los más jóvenes.
Madrid, en el centro de la crisis habitacional
De acuerdo con ASPRIMA, Madrid necesitará más de 53.000 viviendas anuales durante los próximos cinco años. Sin embargo, la oferta proyectada no supera las 25.000 unidades al año y fenómenos como los pisos turísticos o la negativa del PP a intervenir el mercado también complican la situación.
Este déficit acentuará aún más la escasez de vivienda hacia 2030, y todo indica que los precios de obra nueva en la capital seguirán en ascenso, alejando aún más a los jóvenes compradores.
Un desafío estructural y generacional
El acceso a una vivienda digna se está convirtiendo en uno de los grandes retos económicos y sociales de nuestro tiempo. La combinación de una demanda creciente, una oferta insuficiente y un mercado del alquiler cada vez más tensionado amenaza con dejar fuera a las generaciones más jóvenes.
Si estas tendencias no se corrigen, en 2030 solo podrán adquirir una vivienda quienes dispongan de patrimonio previo, ayuda familiar o ingresos estables y elevados. La cuestión ya no es quién podrá comprar una casa en 2030, sino si la vivienda continuará siendo un supuesto derecho o pasará a ser un privilegio.
ALTERNATIVAS
Aunque hoy pueda parecer una propuesta idealista, y nunca mejor dicho, la evolución del mercado inmobiliario ha llevado a que la iniciativa de Sumar de vetar la compra de viviendas por parte de empresas empiece a tomarse en serio a medio y largo plazo como una medida para frenar la especulación.
Hace unos días, Alberto Ibáñez, portavoz de Vivienda de la coalición en el Congreso, anunció que Sumar presentará una proposición de ley con el objetivo de modificar la actual Ley de Vivienda. La propuesta busca impedir que entidades jurídicas (como empresas, fundaciones o fondos de inversión conocidos como «fondos buitre») puedan adquirir viviendas en territorio español.
El objetivo de la medida sería avanzar hacia una «desmercantilización» del acceso a la vivienda, sacándola del ámbito puramente especulativo. Desde Sumar recuerdan que, desde 2008, las empresas han adquirido cerca del 50% de las viviendas en España, una tendencia que, según sostienen, ha contribuido al aumento de los precios y a la reducción del acceso a la propiedad para particulares.
