La Junta de Extremadura que lidera la controvertida María Guardiola se niega a declarar zonas tensionadas para atajar la subida del precio del alquiler, que se ha disparado un 5,6% entre marzo de 2024 y 2025 según Idealista.
PSOE y la coalición progresista Unidas por Extremadura (compuesta por Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde) exigen la contención de precios mediante la declaración de zonas tensionadas y la imposición de un impuesto a grandes tenedores de vivienda.
El Partido Popular, y sus socios de Vox, hacen oídos sordos a las propuestas 2 meses después de que Guardiola presentase junto a los representantes de once entidades bancarias el programa ‘Habita Extremadura’.
El Ejecutivo extremeño asegura que dentro de este programa se impulsarán 3.036 viviendas protección oficial hasta 2027. «Todos los extremeños tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Y es nuestra obligación, y la de todos los niveles de Gobierno, adoptar medidas y políticas que garanticen este derecho», dijo Guardiola.
Explica la Junta que la inversión prevista superará los 400 millones de euros y contará con suelo público de la Junta, el organismo público de vivienda regional Urvipexsa y de los ayuntamientos que se sumen al proyecto. En la financiación participarán Abanca, Banca Pueyo, BBVA, Banco Santander, Bankinter, Caja Almendralejo, Caja Rural de Extremadura, Caixabank, Ibercaja, Sabadell y Unicaja.
FISCALIDAD
El recetario del PP extremeño en materia de vivienda tiene inspiración liberal. Es por ello que la Junta ha aprobado varias medidas fiscales para intentar rebajar su precio a costa de que caiga la recaudación, y quizá así la calidad de algunos servicios públicos.
El Gobierno extremeño ha dado luz verde a la reducción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que pasa de un 8% a un 7% para inmuebles que no superen los 180.000 euros; a la exención de las donaciones de padres a hijos menores de 36 años de hasta 180.000 euros cuando el dinero se destine a la compra de vivienda habitual o la construcción de un solar; a la bonificación del 100% del rendimiento percibido por el alquiler de viviendas vacías; y a la deducción del 15% en inversiones para rehabilitación de viviendas en municipios de menos de 3.000 habitantes. «La vivienda en Extremadura es una absoluta prioridad, y ante un problema de esta envergadura, el gobierno lo que hace es escuchar, comprometerse y cumplir», dice Guardiola.
El líder de la oposición, el socialista Miguel Ángel Gallardo, duda de que se vayan a construir 3.000 VPO en 2 años y presentó la pasada semana junto a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez una propuesta de Ley de Vivienda que incluye declaración de zonas tensionadas, la puesta en marcha de un impuesto a los tenedores de vivienda vacía, y la creación de un registro de viviendas y habitaciones asequibles para estudiantes.
La portavoz de Unidas por Extremadura y líder de Podemos en la región, Irene de Miguel, lamentó hace unos días que las políticas estrella de Guardiola sean «perdonarle los impuestos a aquellos que viven de las rentas de los mileuristas» y criticó que Gallardo tenga un discurso que contrasta con el del PSOE de Mérida, que gobierna la ciudad y asegura que no se deben declarar zonas tensionadas.
El concejal Óscar Fernández de Unidas por Mérida, cree que el problema de vivienda que sufre la ciudad «no se solventa solo con nuevas construcciones, que estarán finalizadas en el mejor de los casos dentro de 4 años, sino con soluciones intermedias que nos permita acceder a ella».
La declaración de zonas tensionadas ha logrado que caiga el precio de la vivienda en Cataluña pese a que la medida ha sufrido una salvaje campaña mediática similar a la que desató contra la subida del Salario Mínimo Interprofesional, que según aseguraron el PP y Vox iba a disparar el paro en España.
