Las organizaciones de inversores europeos Eurosif, IIGCC y PRI junto a 211 entidades del mundo inversor -que gestionan un total de 6,3 billones de euros en activos- han instado a la Comisión Europea a «preservar la integridad y ambición» del marco de finanzas sostenibles de la Unión Europea (UE) ante la preocupación de que el próximo ‘paquete Ómnibus’ de la Comisión Europea pueda dar pie a una revisión general de requisitos clave en materia de sostenibilidad.
Los firmantes, entre los que figuran una decena de inversores españoles con activos por valor de 60.000 millones, han señalado que reabrir estas regulaciones en su totalidad conlleva el riesgo de generar incertidumbre regulatoria y podría, en última instancia, poner en peligro el objetivo de la Comisión de reorientar el capital en apoyo del Pacto Verde Europeo.
Entre los inversores españoles se han revelado los nombres de AltamarCAM Partners, Pensetel (Plan de Pensiones de Empleados de Telefónica España) y Mutual Médica.
En un plano más amplio, se ha circunscrito que el paquete Ómnibus, previsto para el 26 de febrero, busca «mejorar la competitividad de Europa y simplificar regulaciones», incluyendo la revisión de leyes clave de sostenibilidad como la Taxonomía de la UE, la Directiva de Información Corporativa sobre Sostenibilidad (CSRD) y la Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD).
Por ello, los inversores han remarcado que estas normativas son «piedras angulares fundamentales» de la arquitectura de sostenibilidad de la UE y «esenciales» para fomentar la sostenibilidad a largo plazo y el crecimiento económico en Europa.
En esa línea, la declaración ha recogido que son estas reglas las que permiten a los inversores tomar decisiones informadas para «gestionar riesgos, identificar oportunidades y, en última instancia reorientar el capital hacia una economía neta cero más competitiva, equitativa y próspera.
Aunque los firmantes reconocen la necesidad de mejoras específicas, hn enfatizado sobre «la importancia de la estabilidad normativa a largo plazo» y han alertado en cuanto a los riesgos de una revisión generalizada de estas tres leyes: «Podría debilitar significativamente la transparencia en materia de sostenibilidad corporativa, elemento esencial para la toma de decisiones de inversión«, han apostillado.
Como alternativa, han propuesto que un enfoque más efectivo sería centrarse en la optimización de los estándares técnicos y proporcionar una orientación clara para su implementación.
Como elemento de remache, la carta ha recordado que el déficit de inversión anual en la UE está estimado en hasta 800.000 millones de euros y que iniciativas como el próximo ‘Clean Industrial Deal’ -destinado a «garantizar la competitividad a largo plazo de la industria europea neta cero y su resiliencia económica»- podrían verse afectadas si los estándares de información en sostenibilidad se debilitan.
