El Sindicato Ferroviario ha convocado una importante manifestación en Madrid este miércoles 11 de diciembre para mostrar su firme rechazo al inminente proceso de privatización de los servicios de cercanías y media distancia de Renfe. La protesta, que comenzará a las 12:30 horas en la Avenida de la Ciudad de Barcelona, pretende visibilizar las graves consecuencias que esta liberalización podría tener tanto para los trabajadores como para los usuarios.
La liberalización del sector ferroviario se enmarca en una directiva europea que, según los sindicatos, prioriza los intereses empresariales sobre el servicio público. Este modelo no busca mejorar la calidad del transporte, sino permitir la entrada de empresas privadas en un sector tradicionalmente público y estratégico.
Impacto en el empleo y condiciones laborales en Renfe
La nueva normativa establece que las empresas adjudicatarias deberán subrogar al personal actual de Renfe, lo que implica que miles de trabajadores dejarían de pertenecer a la empresa pública. Esta situación genera una gran incertidumbre sobre las futuras condiciones laborales y la estabilidad del empleo en el sector.
Además, el proceso contempla la cesión de material rodante (trenes) que actualmente pertenece a Renfe y que ha sido financiado con fondos públicos. Esta transferencia de activos públicos a manos privadas ha generado una importante controversia sobre el uso de recursos estatales.
El modelo económico de la privatización
El nuevo sistema se basará en contratos de larga duración (10 años o más) donde las empresas privadas recibirán compensaciones económicas por parte del Estado. Estas compensaciones cubrirán la diferencia entre los ingresos por venta de billetes y los costes operativos, garantizando además un beneficio del 3% sobre el precio de adjudicación.
Este modelo ya se ha implementado en otros servicios ferroviarios como:
- Mercancías internacionales y nacionales
- Trenes turísticos
- Servicios comerciales de alta velocidad
La experiencia en estos sectores ha demostrado que la entrada de operadores privados no siempre se traduce en una mejora del servicio para los usuarios. Los críticos señalan que este modelo puede llevar a una reducción de frecuencias en rutas menos rentables y un incremento en las tarifas.
Los sindicatos argumentan que el transporte ferroviario es un derecho fundamental que garantiza la movilidad de los ciudadanos y que no debería estar sometido a criterios puramente mercantiles. La privatización podría afectar especialmente a las zonas rurales y rutas menos transitadas, donde el servicio público es esencial para mantener la conectividad territorial.
