La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) ha presentado una denuncia contra España ante las autoridades europeas debido al significativo retraso en la implementación de la Directiva de acciones de representación colectiva. Esta importante iniciativa cuenta con el respaldo de la Organización Europea de Consumo (BEUC), lo que añade peso institucional a la reclamación.
La normativa en cuestión (Directiva 2020/1828) debería haberse incorporado al ordenamiento jurídico español en diciembre de 2022. Sin embargo, la paralización de su tramitación en el Congreso ha generado un retraso indefinido que afecta directamente a la protección de los derechos de los consumidores.
Impacto en el sistema judicial y los derechos del consumidor
La situación actual ha provocado diversos efectos negativos en el sistema judicial español:
- Saturación de los juzgados por la multiplicación de litigios individuales
- Retrasos de más de 5 años en la resolución de casos en primera instancia
- Deficiencias en la protección de los derechos del consumidor
- Incertidumbre jurídica en casos de cláusulas abusivas
El caso de las cláusulas suelo ejemplifica perfectamente esta problemática, llegando al punto de que el Tribunal Supremo ha tenido que consultar al Tribunal de Justicia de la UE sobre la interpretación de los procedimientos colectivos.
La retirada del texto de la tramitación parlamentaria por parte del Gobierno, acordada con otras fuerzas políticas, prácticamente imposibilita que la transposición se complete durante 2024. Los expertos estiman que, sin medidas de urgencia, el proceso podría demorarse hasta 2025.
