El Tribunal de Cuentas presentará este martes ante el Congreso y el Senado un detallado informe que pone de manifiesto la necesidad de fortalecer la colaboración entre administraciones en materia de vivienda. Este análisis cobra especial relevancia tras el reciente anuncio del presidente del Gobierno sobre la creación de una empresa pública de vivienda.
La presentación, que correrá a cargo de Enriqueta Chicano, presidenta del Tribunal de Cuentas, expondrá los resultados de la fiscalización del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Durante este período, el plan contó con una inversión total de 1.872 millones de euros, distribuidos entre financiación estatal (1.473 millones, 78,70%) y autonómica (398 millones, 21,30%).
Deficiencias detectadas y riesgos asociados
El informe señala importantes carencias en la planificación y diseño del Plan Estatal, destacando especialmente:
- La falta de conexión con las estrategias nacionales para implementar la Agenda 2030
- Una coordinación insuficiente entre los diferentes niveles administrativos
- Ausencia de homogeneidad en los criterios de aplicación entre comunidades autónomas
- Objetivos no cuantificados que dificultan la evaluación y corrección de desviaciones
Estas deficiencias han generado un mayor riesgo de desigualdades territoriales en la aplicación de las políticas de vivienda, comprometiendo la eficacia del plan a nivel nacional.
Recomendaciones para futuros planes de vivienda
El Tribunal de Cuentas propone una serie de medidas correctivas fundamentales:
- Mejor coordinación entre los planes estatales y otras estrategias relacionadas, especialmente con la Estrategia de Desarrollo Sostenible
- Refuerzo de la cooperación interadministrativa para lograr:
- Un enfoque integral de la política de vivienda
- Mayor participación de todos los niveles administrativos
- Mejor integración de los actores involucrados
- Implementación de un sistema de seguimiento efectivo que incluya:
- Objetivos y metas cuantificables
- Indicadores de seguimiento claros
- Informes periódicos de evaluación
- Programas de actuación ajustados al período de cuatro años
La política de vivienda requiere una visión estratégica a largo plazo que garantice la equidad territorial y la eficiencia en la utilización de los recursos públicos. Para ello, resulta fundamental establecer mecanismos de coordinación más efectivos entre las diferentes administraciones y asegurar un seguimiento riguroso de los compromisos adquiridos por las comunidades autónomas en los convenios de colaboración.
El éxito de futuros planes estatales de vivienda dependerá en gran medida de la capacidad para implementar estas recomendaciones y establecer un marco de colaboración más sólido entre todas las partes implicadas.
