sábado, 17 mayo 2025

El nuevo registro de viajeros entra en vigor, con multas de hasta 30.000 euros

El Real Decreto 933/2021 entra en vigor este 2 de diciembre, estableciendo nuevas obligaciones de registro documental para personas físicas y jurídicas dedicadas al hospedaje y alquiler de vehículos. Esta normativa ha generado controversia en el sector turístico, principalmente por la carga administrativa que supone y posibles problemas de privacidad.

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La plataforma Ses.Hospedajes, operativa desde 2022, ya cuenta con más de 65.000 empresas registradas, incluyendo:

  • 61.540 establecimientos hoteleros
  • 1.994 agencias de viajes
  • 222 plataformas digitales
  • 1.720 empresas de alquiler de vehículos

Requisitos y datos obligatorios para el nuevo registro

Las empresas afectadas deben proporcionar información detallada que incluye:

  • Datos empresariales: razón social, CIF/NIF, información de contacto
  • Información del establecimiento: tipo, ubicación, características
  • Datos de los clientes: documentación personal, contacto, información de estancia
  • Detalles de la transacción: contratos, pagos, fechas

Para el sector de alojamiento no profesional, se requieren datos adicionales como información del propietario y características del inmueble.

Régimen sancionador y objetivos de seguridad

El Ministerio del Interior establece este sistema principalmente para incrementar la seguridad ciudadana, especialmente frente a:

  • Actividades terroristas
  • Crimen organizado transnacional

Las sanciones se clasifican en:

  • Infracciones leves: de 100 a 600 euros
  • Infracciones graves: de 601 a 30.000 euros

La implementación de este sistema ya ha permitido identificar a más de 18.500 personas registradas en bases de datos de señalamientos nacionales o internacionales, demostrando su eficacia en materia de seguridad.

La normativa actualiza el antiguo decreto de 1959, adaptándose a las nuevas modalidades de hospedaje como viviendas turísticas y plataformas digitales. A pesar de las críticas del sector, el Ministerio asegura que no supone cargas administrativas innecesarias ni costes adicionales significativos para las empresas afectadas.


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