En un giro inesperado, el Gobierno español ha decidido aplazar la tramitación de la senda de déficit en el Congreso, programada originalmente para este jueves. Esta medida busca abrir un espacio para el diálogo y la negociación, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita posteriormente aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025.
La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha declarado que el Ejecutivo no se fija ningún plazo concreto para esta nueva ronda de negociaciones, sino que su prioridad es seguir trabajando hasta lograr un consenso. Además, ha confirmado que el Gobierno incluirá a Junts en estas conversaciones, dando una señal de apertura al diálogo y la búsqueda de soluciones.
EL GOBIERNO BUSCA RESPONSABILIDAD DEL PP
Sin embargo, Alegría ha criticado duramente la actitud del Partido Popular (PP), acusándolos de tener una postura «irresponsable» sobre este asunto. La ministra ha recordado que el PP, a través de sus comunidades autónomas, se abstuvo en la votación de la senda de déficit en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), pero no votó en contra.
Para Alegría, el PP debe dejar atrás «la política del bloqueo y la irresponsabilidad» y asumir su papel como oposición, trabajando de manera constructiva en vez de votar sistemáticamente en contra de cualquier propuesta del Gobierno. Según la portavoz, lo que está en juego son 12.000 millones de euros adicionales que podrían destinarse a mejorar la sanidad, la educación y la dependencia, beneficiando directamente a los ciudadanos.
HACIENDA QUIERE AGOTAR TODAS LAS POSIBILIDADES
Por su parte, el Ministerio de Hacienda ha emitido un comunicado en el que explica que el aplazamiento de la tramitación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública tiene como objetivo dar más tiempo a la negociación, ofreciendo una nueva oportunidad al diálogo y «agotar todas las posibilidades» para alcanzar un pacto beneficioso para las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
En este sentido, Hacienda ha recordado que la senda de estabilidad presentada por el Gobierno, y avalada por las comunidades autónomas en el CPFF, flexibiliza los objetivos de déficit para las regiones y los municipios en 2025 y 2026, lo que supone casi 12.000 millones de euros más de capacidad de gasto para estos entes.
El Gobierno parece estar dispuesto a hacer concesiones y a ampliar el margen de maniobra de las administraciones territoriales, con el fin de lograr un acuerdo que permita avanzar en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año. Esta decisión se enmarca en una estrategia de diálogo y responsabilidad, buscando involucrar a todas las fuerzas políticas y alcanzar una solución beneficiosa para el conjunto de la ciudadanía.
