sábado, 3 mayo 2025

Un grupo de 13 naciones se une a España en su inquietud por el recorte de la cuota de anchoa en el golfo de Cádiz

España ha liderado un grupo de 13 países de la Unión Europea en expresar su rechazo a la propuesta de la Comisión Europea de reducir drásticamente las cuotas de anchoa en aguas atlánticas ibéricas para los años 2024 y 2025. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Luis Planas, ha criticado que esta medida podría provocar el cierre de la pesquería para 75 buques en el golfo de Cádiz, lo que tendría graves consecuencias socioeconómicas.

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Planas ha denunciado que la Comisión Europea ha planteado una reducción del 54% en las cuotas de anchoa sin tener en cuenta el impacto que esto tendría en las comunidades pesqueras de la región. Ha pedido a la Comisión que revise esta propuesta, la cual España no puede aceptar en las condiciones actuales, o que la retire por completo.

La Posición de la Comisión Europea y el Apoyo Internacional a España

La Comisión Europea, representada por el comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, ha defendido su posición, argumentando que debe haber un «rasero distinto» para todas las restricciones pesqueras, independientemente de la región afectada. Sin embargo, un grupo de 13 países, incluyendo Bélgica, Chipre, Croacia, Dinamarca, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos y Portugal, han respaldado las preocupaciones de España.

Estos países han instado a la Comisión a tener en cuenta las consecuencias socioeconómicas de este tipo de decisiones, ya que pueden sentar un «peligroso precedente«. La delegación portuguesa, cuya costa también se vería afectada, ha expresado su «apoyo incondicional» a las peticiones de España, ante la «ausencia de dictámenes científicos válidos«.

La Búsqueda de una Solución Responsable

Ante esta situación, la presidencia húngara del Consejo de la Unión Europea ha llamado a encontrar una «solución responsable» que equilibre las consideraciones ambientales, económicas y sociales de la Política Pesquera Común. Mientras tanto, España y sus aliados seguirán presionando a la Comisión Europea para que revise su propuesta y tenga en cuenta el impacto que estos recortes tendrían en las comunidades pesqueras de la región.


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