La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha declarado que los intereses comerciales de España y el de las empresas en Venezuela «están a salvo». Montero ha insistido en pedir «responsabilidad» a los partidos políticos para ir «todos a una» con la Unión Europea en los temas diplomáticos y que tienen que ver con las relaciones internacionales.
Según la vicepresidenta, las relaciones del Gobierno son las que permiten saber que los intereses comerciales de España y el interés de nuestras empresas, que es, en definitiva, lo importante, están protegidos. Esto se produce en un contexto de «algún tipo de sobresalto» en Venezuela, tras las votaciones en el Congreso de los Diputados que aprobaron una proposición no de ley del PP para reconocer al candidato opositor Edmundo González como «el legítimo ganador» de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.
Gobierno Mantiene Vía Diplomática con Venezuela
El Gobierno ha asegurado que mantendrá la vía diplomática como forma de relación con Venezuela. Sin embargo, Montero ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los partidos políticos, advirtiendo que «todos los temas diplomáticos y que tienen que ver con las relaciones internacionales entre gobiernos, tenemos que estar sin salirnos del guión de la Unión Europea, tenemos que ir todos a una».
La titular de Hacienda ha explicado que España, por sí sola, no puede hacer nada, y, sin embargo, puede quedar en evidencia ante cuestiones que no estén totalmente alineadas con lo que la esfera internacional y la Unión Europea están planteando. Esto demuestra la importancia de mantener una posición coordinada y coherente con los socios europeos en temas de política exterior.
Reacción de Venezuela ante Decisión del Congreso Español
Como respuesta a la decisión del Congreso español, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha pedido a los diputados que aprueben una resolución para cortar relaciones diplomáticas y comerciales con España. Esta reacción pone de manifiesto la delicada situación diplomática entre ambos países y la necesidad de una gestión cuidadosa y coordinada por parte del Gobierno español.
En este escenario, el Gobierno español ha optado por mantener la vía diplomática como forma de relación, evitando escaladas que puedan perjudicar los intereses comerciales de las empresas españolas en Venezuela. Esta posición refleja la prioridad que el Ejecutivo otorga a la protección de los intereses económicos de España en el país caribeño, en un contexto de tensión política.
