En una contundente medida regulatoria, el Banco de España ha impuesto una sanción de 840.000 euros a Servicios y Trámites Plaza Nueva 8, antes conocida como Pribanca Álvarez y Asociados, y a su administrador único. La multa se debe a dos infracciones muy graves cometidas por la firma: el uso no autorizado de una denominación reservada a las entidades de crédito y la negativa a proporcionar información solicitada durante una inspección.
Denominación Reservada a Entidades de Crédito
De acuerdo con lo publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la primera infracción se refiere al uso de denominaciones reservadas a las entidades de crédito, lo que puede inducir a confusión en los consumidores. Por esta falta, el Banco de España ha impuesto una sanción de 400.000 euros a la sociedad, además de una medida accesoria de amonestación pública. Asimismo, se ha multado al administrador único, Pedro Jesús Álvarez Rodríguez, con 40.000 euros.
Negativa a Facilitar Información Requerida
La segunda infracción grave cometida por Servicios y Trámites Plaza Nueva 8 consistió en no haber proporcionado al Banco de España, con el grado de detalle y la periodicidad solicitados, la información requerida en el marco de una inspección. En este caso, el supervisor ha impuesto una multa de 400.000 euros a la sociedad, junto con una amonestación pública.
Aplicación de la Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito
Todas las sanciones impuestas a Servicios y Trámites Plaza Nueva 8 y a su administrador único se han aplicado en virtud de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. La resolución que determina estas sanciones fue emitida el pasado 15 de marzo y son firmes en vía administrativa.
Este caso pone de manifiesto el firme compromiso del Banco de España con la protección de los consumidores y el mantenimiento de la integridad del sistema financiero. La imposición de sanciones como esta envía un claro mensaje a aquellas entidades que pretendan operar fuera del marco legal establecido, reafirmando el papel del supervisor como garante de la estabilidad y la confianza en el sector.
