El Gobierno español ha confirmado su intención de presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025 a pesar de los obstáculos que puedan surgir en el Congreso de los Diputados. Las fuentes gubernamentales han asegurado que el Ejecutivo tiene la vocación de agotar la legislatura actual, incluso si las Cortes Generales rechazan las cuentas públicas.
En caso de que el Congreso no apruebe los Presupuestos de 2025, el Gobierno podría optar por prorrogar las cuentas de 2023 por segundo año consecutivo. Esta alternativa le permitiría evitar la convocatoria de elecciones generales, según confirman diversas fuentes del Ejecutivo.
Aprobación de Objetivos de Estabilidad y Deuda Pública
El próximo martes, el Gobierno volverá a aprobar el límite de gasto no financiero de 2025, conocido como techo de gasto, así como los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el conjunto de las administraciones públicas. Esta acción marcará el inicio del proceso de tramitación de las cuentas públicas de 2025.
Cabe recordar que, a finales de julio, el Pleno del Congreso de los Diputados rechazó los objetivos de estabilidad y deuda pública para el conjunto de las administraciones. Este rechazo inesperado, protagonizado por el partido Junts, fue el primer obstáculo en el camino hacia la aprobación de los PGE de 2025.
Desde el Ejecutivo, se espera poder llegar a acuerdos con Junts y se les pide que, en esta ocasión, voten a favor de la senda fiscal, ya que consideran que es «buena para Cataluña». Sin embargo, advierten que, con o sin senda, el Gobierno va a presentar las cuentas públicas de 2025.
Delineación de la Senda Fiscal y de Deuda
El Gobierno mantiene su posición y volverá a aprobar una senda fiscal que dejará el déficit público en el 2,5% en 2025, en el 2,1% en 2026 y en el 1,8% en 2027. Además, se ha propuesto recortar la deuda pública al final del periodo por debajo del 100%, plazo que estará marcado por la reactivación de las reglas fiscales europeas.
La Administración Central asumirá la mayor parte de la responsabilidad del cumplimiento de los nuevos objetivos fiscales, con un déficit del 2,2% en 2025, del 1,8% en 2026 y del 1,5% en 2027. Por su parte, las comunidades autónomas tendrán un objetivo de déficit del 0,1% en ese mismo período, mientras que los ayuntamientos y corporaciones locales dispondrán de equilibrio presupuestario en 2025 y 2026.
En cuanto a la deuda pública, el objetivo es que se reduzca al 103,6% del PIB en 2025, llegando a un porcentaje inferior al 100% en 2027, situándose en el 99,7%. Para las comunidades autónomas, la meta es del 20,8% del PIB en 2025, con una tendencia descendente en los siguientes ejercicios.
Además, el Gobierno presentará un techo de gasto de casi 200.000 millones de euros, incluyendo los fondos procedentes de la Unión Europea. Dentro de este techo de gasto, se incluye una transferencia del Estado a la Seguridad Social por importe de 22.881 millones de euros, un 7% más con respecto a los Presupuestos de 2023.
