La Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (Anpier) ha exigido a todas las instituciones del Estado que implementen un «mecanismo extraordinario» para evitar la «doble justicia» que afecta a las energías renovables en España. En un comunicado, la asociación denuncia la situación actual en la que los inversores extranjeros pueden ser compensados «por unos drásticos recortes retroactivos», mientras que los inversores nacionales no reciben ningún tipo de compensación por los mismos perjuicios.
Anpier destaca que de los 52 demandantes internacionales, 26 ya cuentan con un laudo final favorable, lo que supondrá para el Estado español un desembolso de aproximadamente 2.000 millones de euros. Además, esto ha generado «el descrédito de aplicar recortes retroactivos en un sector regulado esencial» y ha posicionado a España como uno de los países con mayor incumplimiento de sentencias arbitrales, superando incluso a Rusia y Venezuela.
Acciones Legales de Otros Países
En este contexto, Anpier recuerda que Reino Unido, Austria, Bélgica y Estados Unidos ya han iniciado procedimientos legales para garantizar los derechos de estos inversores frente a España.
Esto evidencia la preocupación de la comunidad internacional por las prácticas adoptadas por el país, que han afectado gravemente a los inversores extranjeros en el sector de las energías renovables. La doble vara de medir que se aplica entre los inversores nacionales y extranjeros ha generado una situación de inequidad que amenaza la confianza y la credibilidad del sistema legal español.
Llamado a la Acción
Ante esta situación, Anpier ha exigido a todas las instituciones del Estado que articulen un mecanismo extraordinario para evitar esta «doble justicia» y garantizar la igualdad de tratamiento a todos los inversores, independientemente de su nacionalidad. Es fundamental que España demuestre su compromiso con la justicia y la equidad, especialmente en un sector estratégico como las energías renovables, que desempeña un papel crucial en la transición energética del país.
La resolución de esta problemática es fundamental para mantener la confianza de los inversores en el mercado español y fortalecer la imagen internacional del país como un destino atractivo y confiable para las inversiones en el sector de las energías limpias.
