La reciente noticia de los asesinatos de dos prominentes líderes sindicales en Perú ha sacudido a la comunidad laboral internacional, poniendo de manifiesto la peligrosa realidad que enfrentan los defensores de los derechos de los trabajadores en el país andino. Arturo Cárdenas, secretario general del Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil de Lima y Balnearios (Stcclb), y Américo Román Camilo Gonzales Palomino, fundador de Trabajadores de Construcción Civil del Cono Sur y del Sindicato ‘Hubert Lanssiers Dirix’, fueron asesinados el 17 de agosto, sumándose a una trágica lista de 24 dirigentes sindicales que han perdido la vida desde 2011.
Estos acontecimientos no solo representan una pérdida irreparable para sus familias y compañeros, sino que también simbolizan un ataque directo a los principios fundamentales de la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva. La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) de España ha alzado su voz en solidaridad con los sindicatos peruanos, condenando enérgicamente estos actos de violencia y exigiendo una investigación exhaustiva por parte de las autoridades peruanas. La situación actual pone de relieve la urgente necesidad de implementar mecanismos de protección efectivos para aquellos que lideran la lucha por los derechos laborales en Perú.
El contexto de la violencia contra sindicalistas en Perú
La violencia contra los líderes sindicales en Perú no es un fenómeno nuevo, pero ha alcanzado niveles alarmantes en la última década. Desde 2011, se ha registrado un patrón sistemático de asesinatos que ha dejado un saldo de 24 dirigentes de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (Ftccp) muertos. Estos crímenes no son actos aislados, sino que forman parte de una estrategia de intimidación orquestada por organizaciones criminales dedicadas a la extorsión y el sicariato.
Los sindicalistas asesinados, incluidos Cárdenas y Palomino, habían sido objeto de amenazas reiteradas contra su integridad física y la de sus familiares. Este clima de terror tiene como objetivo silenciar las voces que luchan por mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores. La impunidad con la que operan estas mafias ha creado un ambiente de inseguridad generalizada en el movimiento sindical peruano, obstaculizando seriamente el ejercicio de los derechos laborales fundamentales.
El sector de la construcción civil en Perú ha sido particularmente afectado por esta ola de violencia. Paradójicamente, este sector era uno de los pocos en el país que había logrado establecer negociaciones sectoriales efectivas, gracias en gran parte a la labor de líderes como Cárdenas y Palomino. Sus asesinatos no solo representan una pérdida personal para sus allegados, sino también un golpe devastador para los avances en materia de derechos laborales en el sector.
La respuesta internacional y el llamado a la acción
La reacción de la comunidad sindical internacional ante estos hechos ha sido inmediata y contundente. La UGT, como representante destacado del movimiento sindical español, ha expresado su más enérgica condena y ha instado al gobierno peruano a tomar medidas urgentes. La organización ha enfatizado la obligación legal y moral del Estado peruano de proteger la libre sindicación y garantizar el derecho a la negociación colectiva, principios fundamentales reconocidos internacionalmente.
El llamado a la acción va más allá de la mera condena retórica. Se exige una investigación exhaustiva y transparente que no solo identifique a los autores materiales de los asesinatos, sino que también desenmascare a los autores intelectuales detrás de estos crímenes. La comunidad internacional espera que las autoridades peruanas demuestren un compromiso real con la justicia y la protección de los derechos humanos de los sindicalistas.
La situación en Perú plantea un desafío significativo para las organizaciones sindicales globales y los defensores de los derechos humanos. Es imperativo desarrollar estrategias conjuntas que incluyan la presión diplomática, la visibilización mediática de la problemática y el apoyo directo a los sindicalistas en riesgo. La solidaridad internacional se perfila como una herramienta crucial para combatir la impunidad y fortalecer el movimiento sindical peruano en estos tiempos difíciles.
