La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha expresado su firme rechazo al llamado «concierto económico» que se está negociando entre el Partido Socialista de Cataluña (PSC) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Según el portavoz de la asociación, José María Peláez, este acuerdo supondría graves consecuencias para el funcionamiento del sistema tributario y la lucha contra el fraude fiscal en todo el país.
EL CONCIERTO ECONÓMICO: UNA MEDIDA INCONSTITUCIONAL
Peláez ha enfatizado que el concierto económico que se plantea para Cataluña es inconstitucional, ya que la Constitución sólo prevé regímenes especiales para el País Vasco y Navarra, mientras que el resto de comunidades autónomas, incluida Cataluña, deben regirse por el régimen común de financiación. Según el portavoz, este nuevo acuerdo supondría sacar a Cataluña de ese régimen común y otorgarle la recaudación del 100% de los impuestos generados en la comunidad, algo que no está contemplado en la Constitución ni en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).
Además, Peláez ha advertido que este concierto rompería los principios de igualdad y solidaridad entre los españoles, generando «regiones de primera y de segunda» y «ciudadanos de primera y de segunda». Actualmente, Cataluña recibe unos 21.000 millones de euros del Estado a través del sistema común de financiación autonómica, mientras que con el nuevo acuerdo pasaría a recaudar 53.000 millones, es decir, el doble de lo que ingresa ahora, en detrimento del resto de comunidades autónomas.
LOS PERJUICIOS EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL
Uno de los principales problemas que ven los inspectores de Hacienda es el impacto negativo que tendría el concierto económico en la lucha contra el fraude fiscal. Según Peláez, el hecho de que Cataluña tenga su propia base de datos tributaria y no comparta información con la Agencia Tributaria estatal, dificultaría enormemente las investigaciones sobre tramas de facturas falsas y otros fraudes sofisticados, que a menudo involucran a empresas y sociedades en diferentes regiones.
Asimismo, la desaparición de la Agencia Tributaria estatal en Cataluña y su sustitución por una agencia catalana tendrían graves consecuencias en la prestación de los servicios sociales, ya que la Agencia Tributaria se utiliza como un órgano vertebrador de las políticas sociales del Estado, encargándose de gestionar deducciones y ayudas como el Ingreso Mínimo Vital.
EL FRACCIONAMIENTO DE LA AGENCIA TRIBUTARIA
Otro de los puntos clave que preocupa a los inspectores es que el acuerdo entre el PSC y ERC contempla el traspaso de todos los funcionarios, medios materiales, ordenadores y edificios de la Agencia Tributaria estatal a la nueva Agencia Tributaria catalana. Esto supondría, según Peláez, la desaparición de la agencia tributaria estatal en Cataluña y el fraccionamiento de la misma, lo cual dificultaría gravemente el funcionamiento del sistema tributario, impactando en áreas clave como las devoluciones de renta, los censos tributarios y la comprobación de actividades económicas.
En resumen, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado considera que el concierto económico para Cataluña es inconstitucional y acarrearía graves perjuicios para el conjunto del sistema tributario español, especialmente en lo que respecta a la lucha contra el fraude fiscal y la prestación de servicios sociales. Según los inspectores, esta medida rompería los principios de igualdad y solidaridad entre los españoles, creando «regiones de primera y de segunda» y «ciudadanos de primera y de segunda».
