El Gobierno de Italia ha aprobado esta semana un incremento en el importe de la tasa fija que grava las rentas en el extranjero de aquellas personas físicas que decidan trasladar su residencia fiscal al país transalpino. La tasa pasará de 100.000 euros anuales a 200.000 euros, lo que supone un endurecimiento del régimen introducido en 2017 para atraer a grandes fortunas y profesionales de élite.
Esta decisión, adoptada en el Consejo de Ministros, ha generado cierta controversia dentro de Italia debido a su posible efecto inflacionista sobre los precios inmobiliarios en las principales ciudades de destino de estos contribuyentes. No obstante, el Ejecutivo de Georgia Meloni se enfrenta a la necesidad de reducir sustancialmente el déficit presupuestario, que el año pasado alcanzó el 7,4% del PIB, muy por encima del objetivo del 3% establecido por la Unión Europea.
Italia Descarta Impuesto a Beneficios Extraordinarios de la Banca
Por otro lado, el ministro de Economía italiano, Giancarlo Giorgetti, ha asegurado que no se plantea imponer un impuesto adicional sobre los beneficios extraordinarios de los bancos. Giorgetti ha señalado que las entidades bancarias, al igual que otras empresas que obtengan buenos resultados, «serán llamadas a contribuir a las finanzas públicas», pero sin un gravamen específico sobre sus ganancias excepcionales.
Esta postura se enmarca en la estrategia del Gobierno italiano de evitar una «competencia fiscal» entre países para crear situaciones fiscales favorables a personas y empresas. Según Giorgetti, en el contexto del G20 y el G7, Italia se opone a inaugurar este tipo de dinámicas, ya que, como país con «espacios fiscales limitados«, estaría «inevitablemente destinado a perder» en dicha carrera.
Expertos Advierten de Efectos Inflacionistas y Déficit Público
Los expertos consultados señalan que el endurecimiento del régimen fiscal para atraer grandes fortunas podría tener un efecto inflacionista en los precios inmobiliarios de las principales ciudades italianas, lo que podría generar malestar social. Asimismo, destacan que la reducción del déficit público será un desafío clave para el Ejecutivo de Meloni, teniendo en cuenta que Bruselas ya ha considerado justificada la apertura de un procedimiento de déficit excesivo contra Italia.
En este contexto, la decisión de no imponer un impuesto a los beneficios extraordinarios de la banca podría ser interpretada como una medida de alivio para el sector financiero, pero también podría generar críticas por parte de aquellos que consideran que las entidades bancarias deberían contribuir de manera más significativa a los esfuerzos de consolidación fiscal.
En definitiva, el Gobierno italiano se enfrenta a un delicado equilibrio entre la necesidad de atraer grandes contribuyentes y la de reducir el déficit público, todo ello en un entorno de potencial inflación y preocupación por la competencia fiscal a nivel internacional.
