En un clima de creciente tensión en el ámbito laboral, el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, ha emitido una contundente declaración sobre el fallo del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) en relación al despido improcedente en España. Luján ha calificado la postura de la CEOE, la principal organización empresarial del país, como «excusas de mal pagador» al oponerse a la modificación de esta legislación.
El sindicalista ha afirmado que el fallo del CEDS es «vinculante» y ha exigido la convocatoria «inmediata» de la mesa del diálogo social para «corregir una legislación que es contraria al derecho internacional«. Luján ha destacado que los tribunales de justicia ya están aplicando este fallo, lo que supone un serio revés para la CEOE y su resistencia al cambio.
EL FALLO DEL CEDS Y SUS IMPLICACIONES
El CEDS ha determinado que la indemnización por despido improcedente en España no cumple con los estándares establecidos en la Carta Social Europea, al considerar que «no son disuasorias ni reparatorias«. Según Luján, la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012, «sin hablar con los interlocutores sociales«, «rebajó sustancialmente la indemnización por despido improcedente» de 45 a 33 días por año trabajado y «desaparecían los salarios de tramitación«, lo que supuso una «gran vulneración de los derechos de los trabajadores.
El CEDS «da la razón» al sindicato, que presentó una reclamación colectiva, y señala que «para que una compensación por un despido injusto cumpla con los estándares europeos tiene que cubrir el reembolso de las perdidas financieras» durante el periodo de litigio -los salarios de tramitación-, prever la posibilidad de readmisión, que la indemnización sea «disuasoria» y sirva para «resarcir el daño causado«.
LA POSICIÓN DE LA CEOE Y LAS DEMANDAS DE LOS SINDICATOS
Luján ha calificado como un «debate estéril» las discrepancias sobre si el fallo del CEDS es vinculante o no, ya que «los tratados internacionales forman parte del ordenamiento jurídico español«. En este sentido, ha considerado «excusas de mal pagador» la postura de la CEOE en contra de la modificación del despido improcedente, recalcando que «la ley es la ley«. Los sindicatos, encabezados por UGT, reclaman «fijar una indemnización plenamente resarcitoria del daño causado; eliminar o elevar los topes de compensación; fomentar la reincorporación; incluir Salarios de Tramitación y asegurar una tramitación judicial más rápida«.
Según Luján, en el caso de Navarra, en 2022 se produjeron 826 demandas en materia de despidos con una indemnización media de 9.126,9 euros, lo que supuso que «las empresas navarra han pagado 7,5 millones por incumplir la ley«. «Esto no tiene ni carácter disuasorio ni resarcitorio«, ha aseverado el sindicalista. En conclusión, la postura de la CEOE en contra de la modificación del despido improcedente ha sido fuertemente criticada por los sindicatos, quienes consideran que esta legislación es contraria al derecho internacional y debe ser corregida de manera urgente. El fallo del CEDS ha puesto en evidencia las deficiencias del sistema actual y ha abierto un nuevo frente de tensión en el diálogo social.
