En un giro significativo en las relaciones entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña, los partidos políticos PSC y ERC han alcanzado un preacuerdo que establece los principios clave de un nuevo modelo de financiación para la región. Este acuerdo, que se prevé formalizar durante el primer semestre de 2025, marca un hito en la búsqueda de una solución autonómica dentro del marco constitucional.
El nuevo modelo de financiación de la Generalitat se basará en la negociación bilateral con el Estado, donde el Gobierno catalán tendrá un mayor control sobre la gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los impuestos. Esto incluye un aumento sustancial de la capacidad normativa tributaria, siempre en coordinación con el Estado y la Unión Europea.
Un elemento clave es el principio de ordinalidad, según el cual «las contribuciones de las comunidades autónomas por habitante, ordenadas en una escala de mayor a menor, deben mantener el mismo orden que en la escala de lo que reciben». Esto implica que la solidaridad de Cataluña con el resto de España quedará «limitada» por este principio.
Asimismo, se establece que la aportación catalana a las finanzas del Estado se divide en dos partes: la primera, que cubre el coste de los servicios que el Estado presta a Cataluña, y la segunda, que corresponde a la aportación a la solidaridad, la cual deberá ser «explícita y se debe reflejar de forma transparente».
Implementación y Transición
Para llevar a cabo este nuevo modelo de financiación, será necesario formalizar el pacto durante el primer semestre de 2025 en la comisión bilateral Gobierno-Generalitat, y posteriormente impulsar los acuerdos alcanzados a través de las modificaciones legislativas necesarias.
Mientras se despliega este nuevo marco, ambas partes han acordado aumentar los recursos derivados de la evolución de las necesidades del estado de bienestar para compensar los «desequilibrios producidos» con el actual modelo de financiación.
Además, se contemplan medidas específicas, como el traspaso de más medios humanos, materiales, económicos y tecnológicos a la Agència Tributària de Catalunya (ATC), que será el instrumento para que la «Hacienda catalana» asuma progresivamente las funciones de aplicación de todos los tributos generados en Cataluña.
Singularidades y Solidaridad
El preacuerdo también reconoce que Cataluña ejerce un conjunto de competencias singulares que no tienen otros territorios, por lo que en el cálculo de las necesidades de gasto a financiar se tendrán en cuenta «todas las variables relevantes«, como el aumento de población en edad escolar o el factor envejecimiento.
En lo que respecta a la solidaridad territorial, se establece que los catalanes seguirán aportando, pero se pide que esta contribución se refleje «de forma transparente» para que sea «conocida y reconocida«. Además, se advierte que, si se incumple el principio de ordinalidad en 2025, serán necesarias «medidas compensatorias«.
En resumen, este preacuerdo entre PSC y ERC sienta las bases para una «financiación singular» de Cataluña, con un mayor grado de autonomía y control sobre los recursos fiscales, al tiempo que se mantiene la solidaridad con el conjunto del Estado. Un paso relevante en la búsqueda de un encaje autonómico que responda a las particularidades de la región.
