La Plataforma Denaria, una organización dedicada a la defensa del uso del efectivo, ha mantenido una reunión con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, con el objetivo de transmitirle la necesidad «urgente» de un mayor respaldo institucional a este medio de pago. Durante el encuentro, Denaria entregó un documento con una lista de propuestas que permitan asegurar y reforzar el acceso y la aceptación del efectivo, en respuesta a «la alta demanda» de la población de este medio de pago.
La plataforma ha destacado la importancia de aumentar la conciencia de las instituciones públicas y la Administración en España sobre la relevancia del efectivo en el día a día de los ciudadanos, tanto desde el punto de vista social como económico. Denaria afirma que, «al igual que otros servicios esenciales como la electricidad o la educación, el acceso al efectivo debe ser garantizado como un derecho por los poderes públicos».
Riesgos que Amenazan al Efectivo
Denaria ha explicado al Defensor del Pueblo diversos riesgos que amenazan al efectivo. En primer lugar, señalan que no se ha divulgado de forma «conveniente» el derecho de los ciudadanos a pagar con dinero en efectivo, ni la obligación existente desde mayo de 2022 de aceptación del pago efectivo, recogida en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (RD 24/2021). «Es necesario que los ciudadanos conozcan que es obligatoria la aceptación del pago en efectivo en cualquier transacción y que son aplicables sanciones para los casos en los que no se permite pagar en efectivo», afirman desde la plataforma.
En segundo lugar, desde Denaria se hace hincapié en que se echa de menos «un mayor apoyo institucional que garantice la supervivencia del dinero en efectivo y el mantenimiento de la infraestructura del ciclo del efectivo, a pesar de ser uno de los principales medios de pago y el que obtiene un mayor respaldo ciudadano». Finalmente, subrayan que «no hay neutralidad por parte de las autoridades comunitarias en la protección del efectivo como medio de pago«, ya que el gasto del Eurosistema para el desarrollo del proyecto del euro digital está estimado en 1.200 millones de euros, al tiempo que «no se están llevando a cabo mecanismos de apoyo a las infraestructuras de efectivo como oficinas y cajeros».
Trabas al Uso del Efectivo desde las Instituciones Públicas
En este contexto, y a pesar de que la legislación existente obliga a aceptar el pago en efectivo, Denaria ha señalado que, en la práctica, se siguen imponiendo trabas a su uso, especialmente desde las instituciones públicas. Entre los principales problemas legales identificados se encuentran el límite de pago en efectivo de 1.000 euros en España -inferior a la referencia de 10.000 euros establecida en la reciente Directiva de Prevención de Blanqueo de Capitales-, así como las restricciones en el pago del alquiler o la discriminación en deducciones fiscales al pagar en efectivo.
Ante esta situación, Denaria ha presentado una serie de propuestas al Defensor del Pueblo para mejorar la situación del efectivo en España. Entre ellas, destaca que los gobiernos deben garantizar una red adecuada de puntos de retirada y depósito de efectivo accesibles y sostenibles para la obtención de efectivo. Asimismo, proponen que los gobiernos deben «ir más allá de la legislación existente» y hacer obligatoria la transparencia de costes de todas las formas de pago para informar al consumidor, establecida mediante una metodología común y acordada, incluyendo tanto costes inmateriales, como los datos de usuario, y costes ocultos, como los fraudes en tarjetas de crédito.
Igualmente, la plataforma propone eliminar restricciones a billetes de alta denominación y considera importante educar a las nuevas generaciones sobre el valor del efectivo y comunicar su papel en la identidad nacional y estabilidad económica.
Por su parte, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, «se ha mostrado de acuerdo» con las ideas presentadas, al tiempo que ha puesto de manifiesto el problema de la restricción al uso del efectivo y la disponibilidad de este en su informe publicado el pasado mayo sobre «Retos de la inclusión financiera: Servicios bancarios y personas vulnerables». La reunión concluyó con un compromiso de lucha conjunta para asegurar que las autoridades tomen medidas para mejorar la infraestructura de acceso al efectivo, atendiendo a la voluntad ciudadana y evitando las consecuencias para la sociedad de la exclusión financiera debido a las restricciones de acceso al mismo.
