El accidente ferroviario ocurrido en la parroquia de Angrois, en Santiago de Compostela, en julio de 2013 sigue siendo una herida abierta en la sociedad española. Tras un largo proceso judicial que se extendió por años, finalmente se ha conocido la sentencia que condena al maquinista, Francisco Garzón, y al exjefe de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, a dos años y medio de prisión por su responsabilidad en el descarrilamiento del tren Alvia que causó 80 muertes y más de 140 heridos.
La decisión judicial, de más de 500 páginas, es un duro golpe para Adif, la entidad adscrita al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, responsable de la gestión de las infraestructuras ferroviarias en España. Ante este fallo, Adif ha anunciado su intención de recurrir la sentencia, una vez que les sea notificada de manera formal, con el objetivo de analizar los fundamentos jurídicos y el contenido del mismo.
El Análisis de Adif y la Búsqueda de Justicia
Según fuentes consultadas del ente ferroviario, Adif tiene la firme intención de recurrir la sentencia tan pronto como le sea notificada oficialmente. Una vez en su poder, la compañía procederá a un minucioso análisis de los fundamentos jurídicos y el contenido del fallo, con el objetivo de determinar si existen argumentos sólidos para presentar un recurso ante la Audiencia de A Coruña.
La decisión de Adif de impugnar la sentencia se enmarca en su compromiso inquebrantable con la búsqueda de la verdad y la justicia en torno a esta tragedia ferroviaria. La empresa considera que el proceso judicial debe garantizar que se esclarezcan todas las circunstancias que rodearon este accidente y que se determine con precisión la responsabilidad de cada uno de los implicados, más allá de las condenas impuestas a Garzón y Cortabitarte.
Un Legado de Dolor y Exigencia de Responsabilidades
El accidente de Angrois, ocurrido el 24 de julio de 2013, sigue siendo una herida abierta en la sociedad española. Las 80 vidas perdidas y los más de 140 heridos han dejado un legado de dolor y sufrimiento que aún perdura en las familias y la comunidad afectada.
La sentencia, si bien ha condenado penalmente a Garzón y Cortabitarte, también ha establecido una indemnización de más de 25 millones de euros a las víctimas, con responsabilidad civil directa de las aseguradoras QBE y Allianz Global. Esta medida, aunque insuficiente para mitigar el dolor de las pérdidas, representa un importante paso en la búsqueda de justicia y reparación para los afectados.
Adif, consciente de la gravedad de los hechos y la necesidad de asumir las responsabilidades correspondientes, ha manifestado su intención de recurrir la sentencia. Esta decisión refleja el compromiso de la entidad con la transparencia y el esclarecimiento completo de las circunstancias que rodearon esta tragedia ferroviaria, con el objetivo de evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir en el futuro.
