En un comunicado conjunto, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) han solicitado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, encabezado por Luis Planas, que incluya ayudas directas a las inversiones en explotaciones vitícolas dentro del proyecto de Real Decreto que modifica la intervención sectorial vitivinícola en el marco del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC).
Estas organizaciones profesionales agrarias han participado en el proceso de audiencia e información pública de dicho proyecto, remitiendo al ministerio tres propuestas para su inclusión en el Real Decreto. Además de las ayudas directas a las inversiones en explotaciones vitícolas, han exigido condicionar todas las ayudas al sector vitivinícola al cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, así como ampliar las ayudas ante los daños por conejo en los viñedos.
UNA OPORTUNIDAD DE GRAN UTILIDAD PARA EL SECTOR VITIVINÍCOLA
Las organizaciones han propuesto la inclusión de una nueva intervención en base al artículo 58, apartado m) del Reglamento UE 2021/2115, que permitiría realizar inversiones en activos materiales e inmateriales destinados a mejorar la sostenibilidad de la producción vitivinícola. Esto supondría «una oportunidad de gran utilidad tanto para el objetivo de incrementar su competitividad y rentabilidad, como para mejorar su sostenibilidad económica, social y ambiental», según han destacado.
Estas inversiones podrían destinarse a actuaciones como la mejora del uso y la gestión del agua, la conversión a la producción ecológica, la introducción de técnicas de producción integrada, la adquisición de equipos para métodos de producción de precisión o digitalización, la contribución a la conservación del suelo y la mejora de la retención del carbono del suelo, la creación o preservación de hábitats favorables a la biodiversidad o el mantenimiento del paisaje, incluyendo la conservación de sus características históricas, o la reducción de la generación de residuos y la mejora de la gestión de residuos.
Asimismo, las organizaciones agrarias han propuesto el establecimiento de condicionantes en las diferentes medidas dentro de la Intervención Sectorial del Vino (ISV) incluida en el Plan Estratégico de la PAC, como la reestructuración y reconversión de viñedo, las inversiones en instalaciones de transformación y en infraestructuras vitivinícola (inversiones en bodegas), las actividades de promoción y comunicación en países terceros y la eliminación de subproductos y cosecha en verde.
LA PROTECCIÓN ANTE LOS DAÑOS POR CONEJOS, UNA PRIORIDAD
Uno de los aspectos clave reivindicados por los viticultores es la ampliación de la ayuda actual relativa a protectores a otros sistemas de prevención, como vallados, ahuyentadores, posaderos de rapaces, hurones, entre otros. Esto se debe a los importantes daños que causan los conejos en los viñedos, lo que supone una preocupación constante para el sector.
Además, los sindicatos han resaltado que consideran que los solicitantes y potenciales beneficiarios de estas medidas, sean personas físicas o jurídicas, que estén sancionados por incumplimiento grave o muy grave de la Ley de la cadena alimentaria «no deben poder optar a ser beneficiarios de estas ayudas».
En definitiva, las organizaciones agrarias han presentado una serie de propuestas con el objetivo de fortalecer la competitividad, la rentabilidad y la sostenibilidad del sector vitivinícola español, aprovechando las oportunidades que ofrece el marco normativo de la PAC. Estas medidas, de ser aprobadas, supondrían un importante apoyo a los viticultores y al conjunto de la industria vitivinícola, enfrentada a diversos retos y desafíos.
